El Ministerio de Justicia ha dado un giro radical a los trámites vehiculares al eliminar la exigencia del libre deuda para la transferencia de autos usados. Esta medida, que entró en vigencia el pasado lunes, simplifica significativamente el proceso de compraventa, al no requerir más la presentación de comprobantes de pago de patentes o multas pendientes.
Menos trámites, más dudas
Si bien esta medida busca agilizar los trámites y reducir la burocracia, ha generado cierta inquietud entre los ciudadanos. Especialmente en un contexto en el que se discute la implementación de licencias de conducir vitalicias, un proyecto que propone eliminar la fecha de vencimiento de las licencias y reemplazarla por una simple declaración jurada y un certificado médico periódico.
Los cambios no se limitan al libre deuda. El Ministerio también anunció la eliminación de otros trámites engorrosos como el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), la cédula azul y el vencimiento anual de la cédula verde. A partir de ahora, la cédula verde será el único documento válido para circular.
Además, se implementará la digitalización de los legajos automotores, lo que permitirá agilizar los trámites y generar un ahorro estimado de $1.300 millones mensuales.
Licencias vitalicias: un debate abierto
En paralelo a estos cambios, el proyecto de licencias vitalicias, impulsado por el economista Martín Sturzenegger y la diputada Patricia Vásquez, ha generado un intenso debate. Esta iniciativa propone que las licencias de conducir no tengan fecha de vencimiento, requiriendo solo una declaración jurada y un certificado médico cada cinco años (o anualmente para mayores de 75 años). Sin embargo, los conductores profesionales seguirían sujetos a renovaciones periódicas.
El Gobierno evalúa la posibilidad de implementar este proyecto mediante un decreto de necesidad y urgencia, evitando así la discusión parlamentaria.
Impacto y desafíos
Estas medidas, sin duda, transformarán la manera en que los argentinos interactúan con los registros automotores. Sin embargo, aún quedan interrogantes sobre el impacto de estas políticas en la seguridad vial y en la recaudación de fondos para el mantenimiento de las rutas.
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