La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha anunciado que, durante el mes de enero de 2025, comenzará a investigar a todos aquellos usuarios que realicen transferencias entre cuentas propias superiores a los $600.000 o que mantengan saldos mensuales iguales o superiores a $1.000.000. Además, las transferencias realizadas a través de billeteras virtuales cuyo monto supere los $2.000.000 también estarán bajo revisión.
La medida busca asegurarse de que el origen de estos fondos sea legítimo y que no existan irregularidades en las operaciones financieras. En caso de que las transacciones involucren divisas extranjeras, dinero digital o criptomonedas, los montos deberán ser convertidos a su equivalente en pesos, según el tipo de cambio vigente para ese tipo de moneda.
Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor por parte de ARCA para regular y controlar el flujo de dinero en plataformas como bancos y billeteras virtuales. Al igual que las entidades bancarias y financieras, las billeteras virtuales estarán obligadas a reportar todas las transacciones, saldos y consumos que excedan estos límites establecidos.
Documentación requerida
Durante este periodo, ARCA puede exigir a los usuarios la presentación de diversos documentos con el fin de corroborar la legalidad de las transacciones y la fuente de los fondos. Entre la documentación solicitada se incluyen:
- Boletas de compra y venta.
- Documentos que justifiquen la venta de acciones o participaciones en empresas.
- Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.
- Facturación correspondiente a los últimos meses.
- Constancia del monotributo.
- Certificado de fondos emitido por un contador público.
La normativa impuesta por ARCA tiene como objetivo aumentar la transparencia de las operaciones financieras, garantizar que no se oculten actividades ilícitas, y prevenir el lavado de dinero a través de plataformas digitales. Las personas o entidades que no puedan justificar el origen de sus fondos o que incumplan con las normativas establecidas podrían enfrentar sanciones o investigaciones adicionales.
Con esta medida, el organismo recaudador refuerza sus controles en un entorno financiero cada vez más digitalizado y busca fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y el uso de recursos de origen dudoso.
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