El próximo martes se llevará a cabo una nueva audiencia en el marco de la mediación civil que Fabiola Yañez, ex primera dama, ha solicitado contra el ex presidente Alberto Fernández. En esta instancia, Fernández ha pedido a su expareja que regrese a Argentina para poder establecer una «tenencia compartida» de su hijo, Francisco.
Según fuentes cercanas al caso, Yañez reclama una suma en euros para cubrir sus gastos de vida en Madrid, que incluye el alquiler, la cuota escolar y el seguro médico. En respuesta, Fernández ha manifestado que puede afrontar estos gastos, pero exclusivamente dentro de Argentina, insistiendo en la necesidad de compartir la custodia del niño.
Cabe destacar que el ex mandatario tiene embargado el 30% de su jubilación de privilegio, que supera los 14 millones de pesos mensuales, según datos judiciales.
Ambos contendientes son representados por las mismas abogadas que intervienen en el caso penal por supuesta violencia familiar que enfrenta Fernández en los tribunales federales de Retiro: Marina Gallego, en representación de Yañez, y Silvina Carreira, por Fernández.
En el ámbito penal, el ex presidente está imputado por presuntas «lesiones leves y graves, doblemente agravado por el vínculo, abuso de poder y amenazas coactivas». Esta última imputación se relaciona con mensajes entregados por Yañez al fiscal federal Ramiro González, donde Fernández sugiere que podría cubrir sus gastos si ella desistía de presentar una denuncia por violencia familiar.
En este contexto, Noelia Del Valle, exniñera de Francisco, declaró este martes en la causa por violencia familiar. En su testimonio, afirmó haber visto a Yañez «alcoholizada varias veces» y que una grabación con supuestas agresiones de Fernández era «hecha con inteligencia artificial».
Del Valle expresó que, aunque la grabación podría parecer la voz de Fernández, no podía asegurarlo y negó haber presenciado actos de violencia por parte del ex presidente. Durante su declaración, se le presentaron audios de discusiones entre la pareja, a lo que ella respondió que consideraba que la situación era «armada» y que nunca había visto a Fernández en una discusión de esa naturaleza.
La declaración se produce en un momento en el que el juez federal Julián Ercolini invalidó tres testimonios previos de mujeres que trabajaron para la pareja presidencial, argumentando que se había violado un pacto de confidencialidad.
Con esta audiencia a la vista, el conflicto entre Yañez y Fernández sigue captando la atención pública y judicial, mientras ambos intentan llegar a un acuerdo sobre la crianza de su hijo y resolver las acusaciones que complican su relación.
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