El Gobierno está a punto de lograr un importante avance legislativo con la emisión del dictamen favorable al proyecto de ley que modifica el Código Electoral Nacional para implementar la Boleta Única de Papel (BUP). Esta iniciativa, que ya fue aprobada por el Senado, busca reemplazar la tradicional «boleta sábana» por un sistema que promueve mayor transparencia en las elecciones.
El dictamen fue respaldado en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, logrando 67 firmas de apoyo. No obstante, 14 de esas firmas corresponden a bloques que presentaron disidencias parciales, principalmente de la UCR y Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto. A pesar de estas diferencias, el oficialismo aspira a aprobar la ley en la próxima sesión de la Cámara baja.
El proyecto propone el llamado «modelo mendocino», donde la boleta estará organizada en filas horizontales por cargos y columnas verticales para cada agrupación política, eliminando la opción de votar por «lista completa». Esta modificación fue solicitada por partidos provinciales, que temían que los grandes frentes nacionales absorbieran su electorado.
Entre otros cambios, se adelantarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) al primer domingo de agosto, y se extenderán los plazos para registrar listas y diseñar las boletas. Además, la campaña electoral ahora iniciará 60 días antes de las elecciones.
La implementación de la Boleta Única de Papel será acompañada por una campaña de difusión y capacitación a cargo de la Justicia Electoral y la Dirección Nacional Electoral, con el objetivo de informar a la sociedad sobre este nuevo sistema que promete mayor transparencia y agilidad en el proceso electoral.
El proyecto, que requiere mayoría absoluta para ser aprobado, enfrenta aún un desafío: sectores que firmaron el dictamen en disidencia insistirán en la reincorporación de la opción de «lista completa», un tema que podría generar tensiones en la votación final.
Este avance representa un hito en el camino hacia una reforma del sistema electoral argentino y una victoria significativa para el gobierno en el ámbito legislativo.
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