La Cámara Nacional Electoral ha confirmado el procesamiento sin prisión preventiva de tres individuos acusados de emitir amenazas coactivas contra Sergio Massa, su hijo Tomás y otros miembros de su familia. Los sospechosos, identificados como Mauricio Mendoza Michel, Camila Rojas Girón y Franco Zamudio, habrían utilizado redes sociales para enviar mensajes intimidatorios al entonces candidato presidencial durante la campaña electoral de 2023.
La denuncia fue presentada por Malena Galmarini, esposa de Massa, quien detalló que las amenazas provenían de perfiles de Instagram como “edencomoelpatio” y “mauriimendoza4”. Aunque las amenazas no buscaban favores políticos, fueron calificadas como “coactivas” debido a su gravedad y al impacto que generaron en la familia Massa.
La jueza María Servini, a cargo de la investigación, asignó a la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina la tarea de identificar a los emisores. Gracias a este trabajo, se logró vincular a Mendoza Michel, Rojas Girón y Zamudio con los perfiles que enviaron las amenazas.
El fallo de la Cámara Nacional Electoral determinó que existen suficientes elementos para sostener la responsabilidad penal de los imputados en esta etapa inicial del proceso. Según el tribunal, las pruebas indican que las amenazas superaron el nivel de simples “reacciones” en redes sociales, constituyendo intimidaciones directas hacia los destinatarios.
La Cámara desestimó además los argumentos de la defensa, que sostenían que los mensajes no eran lo suficientemente serios como para considerarse un delito. El tribunal subrayó que las publicaciones eran originales y no meras respuestas a otros comentarios, señalando a los procesados como los autores principales de las amenazas.
Sergio Massa ha expresado que la seguridad de su familia fue una de sus principales preocupaciones tras recibir las intimidaciones. Tomás Massa, su hijo, también manifestó su temor a que alguien pudiera cumplir con las amenazas, lo que llevó a implementar una custodia especial para proteger a la familia durante la campaña.
El fallo incluye una opinión disidente parcial del juez Alberto R. Dalla Via, quien destacó la necesidad de analizar las amenazas en el contexto actual, donde las redes sociales facilitan tanto la comunicación como la intimidación en el ámbito político. La decisión subraya que los mensajes amenazantes no solo afectan a las personas directamente implicadas, sino que también representan un riesgo para la integridad del proceso electoral.
La investigación judicial sigue abierta y podría incorporar nuevas pruebas en el futuro. La Cámara Nacional Electoral enfatizó la importancia de continuar analizando los hechos para asegurar la protección y transparencia en los procesos electorales, subrayando la relevancia de abordar los delitos digitales en el marco de la democracia argentina.
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