El Gobierno cambió su estrategia de comunicación ante la catástrofe en Bahía Blanca, con una rápida coordinación con la provincia de Buenos Aires.
El fuerte temporal que azotó Bahía Blanca significó un giro en la estrategia de comunicación del Gobierno, que decidió dejar de lado las confrontaciones políticas y avanzar en coordinación con la gobernación de Axel Kicillof. A diferencia de las reacciones anteriores frente a crisis como los incendios en la Patagonia o la inseguridad en Buenos Aires, esta vez la Casa Rosada y La Plata se pusieron de acuerdo rápidamente para enfrentar la catástrofe.
El ministro de Gobierno de Kicillof, Carlos Bianco, destacó la colaboración de la Nación en el operativo, señalando que tanto Guillermo Francos, jefe de Gabinete nacional, como Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, respondieron con rapidez. Esto contrastó con la falta de una respuesta similar durante los incendios en el sur del país, que había generado fuertes críticas de los gobernadores de la región.
A pesar de la colaboración en la gestión de la emergencia, el presidente Javier Milei decidió mantenerse en Olivos, sin viajar a Bahía Blanca como lo hizo en diciembre de 2023. En cambio, suspendió su visita a Mendoza y optó por monitorear la situación desde la capital. La Casa Rosada argumentó que la situación era diferente, ya que las inundaciones brindan mayor margen de acción en comparación con el control de incendios.
En este contexto, la relación con Kicillof se mostró menos conflictiva, aunque en el Gobierno se subrayó que las crisis políticas, como la inseguridad, se manejan de manera distinta debido a las diferencias ideológicas. A pesar de la coordinación en esta ocasión, se indicó que la situación con el gobernador bonaerense no es de “coordinación política”, sino de respuesta a una crisis que afectó a la comunidad.
El giro en la actitud también se reflejó en el manejo de los fondos para la crisis: el ministro de Economía, Luis Caputo, autorizó un desembolso de fondos del Tesoro Nacional para asistir a los afectados en Bahía Blanca, una postura distinta a la de otras crisis, cuando el Gobierno insistió en que cada jurisdicción debía hacerse cargo de sus problemas.
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