26 de noviembre de 2024 — El juez federal Sebastián Casanello dio por concluida la investigación contra el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y solicitó la opinión de las querellas y la fiscalía antes de resolver si la causa se enviará a juicio oral. Esta decisión llega tras la confirmación del procesamiento de Belliboni y otros 17 implicados por parte de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, en un caso que involucra administración fraudulenta relacionada con el dinero entregado por el Estado a través del programa Potenciar Trabajo.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!El procesamiento de Belliboni
La investigación se centra en el presunto desvío de fondos destinados a la asistencia social, específicamente los recursos del programa Potenciar Trabajo. Belliboni y otros miembros de la organización están acusados de utilizar su posición de poder para aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad. En particular, la Cámara Federal explicó que las prácticas de los imputados no solo involucraron el desvío de fondos públicos, sino también amenazas coactivas y extorsión sobre personas para que asistieran a movilizaciones organizadas por el Polo Obrero.
En este contexto, la Cámara Federal detalló que las acciones de la organización exceden un simple mal manejo de recursos, calificándolas como una modalidad coactiva «repetida e institucionalizada». Este enfoque hace que los cargos sean más graves y abarque otros delitos, además de la administración fraudulenta.
La postura de Casanello
El magistrado Casanello, al dar por cerrada la investigación, consideró que ya se había completado la instrucción sobre los hechos por los que Belliboni fue procesado, así como los de los demás imputados. El juez enfatizó que el tribunal de apelaciones había solicitado celeridad en el proceso, por lo que ahora corresponde consultar a las querellas y a la fiscalía sobre la viabilidad de llevar el caso a juicio oral.
En su resolución, Casanello también subrayó la importancia de concentrar esfuerzos en las demás líneas de investigación vinculadas a posibles responsabilidades de exfuncionarios del gobierno del expresidente Alberto Fernández, quienes habrían facilitado el desvío de fondos.
Posibles condenas
Si la causa avanza a juicio oral, Belliboni enfrentará cargos por administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión, delitos que podrían conllevar hasta 15 años de prisión. Los jueces que confirmaron los procesamientos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, subrayaron que las pruebas reunidas hasta el momento muestran una «matriz de corrupción» que operó desde principios de 2020 hasta finales de 2023, por lo que también se ha solicitado la indagatoria de exfuncionarios que participaron en la asignación y control de los fondos destinados al Plan Potenciar Trabajo.
Implicaciones para otros acusados
Entre los implicados en este caso se encuentra Emilio Pérsico, exsecretario de Economía Social y colaborador cercano del Ministerio de Desarrollo Social, quien ha sido acusado de ser cómplice en el desvío de los fondos. La fiscalía sostiene que estos desvíos fueron parte de una estructura de corrupción más amplia, que comprometió el uso de los recursos destinados a la asistencia social en favor de intereses políticos y económicos.
Próximos pasos
Con el cierre de la investigación, el siguiente paso será la decisión final de la fiscalía y las querellas sobre si se procederá al juicio oral. Si se confirma el envío de la causa a juicio, Belliboni enfrentará el desafío de defenderse ante los tribunales por una serie de delitos graves que podrían tener repercusiones significativas tanto para su carrera política como para el Polo Obrero.
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