El Gobierno de Javier Milei enfrenta dos desafíos clave que podrían desencadenar un conflicto inter-poderes al cierre de su primer año de mandato. El primero involucra la posible nominación por decreto de dos jueces para la Corte Suprema, lo que pone en peligro la estabilidad institucional que el Ejecutivo había logrado mantener con el Poder Judicial. El segundo, más inmediato, está relacionado con la falta de fondos en el presupuesto para 2025, que ya ha generado alarma en el Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación sobre la viabilidad del sistema judicial.
Tal como adelantó Ámbito la semana pasada, el Gobierno decidió excluir los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que por ahora parecen no convocarse. Esta decisión refleja no solo la presión política alrededor del presupuesto, sino también la creciente especulación sobre la posibilidad de una nominación por decreto, lo que fue ampliamente debatido en la tradicional cena de la Asociación de Magistrados.
En el Ejecutivo, se baraja la opción de que, tras la salida de Juan Carlos Maqueda de la Corte, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz sea quien tome el juramento a los nuevos jueces, lo que generaría una jura «en comisión» mientras se negocian los votos en el Senado. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por Ámbito descartan que este escenario tenga alguna viabilidad, ya que no existió diálogo previo entre el presidente y los miembros de la Corte sobre esta posibilidad.
El Ejecutivo se muestra convencido de que puede resolver este tema por decreto si el Senado no actúa, aunque el rechazo de la oposición en la Cámara alta, liderada por Cristina Kirchner, podría complicar este plan. De hecho, dentro de la trinchera kirchnerista se teme que una Corte «en comisión» podría adquirir una autonomía que permita desarticular la alianza opositora en el Senado. Mientras tanto, los jueces de la Corte, en sus discursos recientes, enviaron mensajes claros al Ejecutivo sobre la necesidad de respetar los límites institucionales y evitar reformas que afecten el rol de contrapeso del Poder Judicial.
A la par de esta disputa judicial, el Gobierno también enfrenta una grave crisis financiera en el sistema de justicia. El presupuesto para 2025 aún no ha sido aprobado, lo que ha encendido las alarmas en el Consejo de la Magistratura y la Procuración General. La Comisión de Administración Financiera del Consejo advirtió que el próximo año comenzará con un déficit superior a los 30 mil millones de pesos solo en bienes de uso, lo que podría paralizar importantes obras y la compra de insumos esenciales.
La Procuración General de la Nación, por su parte, también atraviesa una situación crítica. En 2023, había solicitado $12 mil millones para su funcionamiento, pero se le autorizaron solo $3.500 millones, lo que condujo a un ajuste drástico en sus operaciones. Para 2024, el pedido de fondos fue de $33 mil millones, pero la autorización final fue nuevamente muy inferior a las necesidades reales. Con la implementación del nuevo sistema acusatorio, la falta de recursos se está convirtiendo en una amenaza directa para el funcionamiento de las fiscalías.
Con el cierre de este año presupuestario a la vista, la situación se agrava aún más, ya que se calcula que el 30% del presupuesto vigente no podrá ejecutarse debido a restricciones en los pagos comprometidos, lo que pondría en peligro el normal funcionamiento de la Procuración a partir de enero de 2025.
Estos problemas, tanto judiciales como financieros, marcan el final de un año complejo para el Gobierno de Javier Milei, y podrían llevar a un deterioro en las relaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público, sumando tensiones adicionales a una administración que enfrenta desafíos de gobernabilidad.
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