Este martes, el Gobierno de Javier Milei anunció a través de su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter) que el Presidente había designado por decreto a los jueces federales Ariel Oscar Lijo y Manuel José García Mansilla para ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta medida, sin embargo, generó una inmediata reacción de los sectores opositores, quienes cuestionaron tanto la forma en que se realizaron los nombramientos como su legalidad.
El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria fue uno de los primeros en manifestar su rechazo, emitiendo un comunicado en el que acusaron al Ejecutivo de violar la Constitución Nacional y las normativas vigentes que regulan la designación de los miembros del máximo tribunal. «Rechazamos de forma tajante la maniobra que viola de manera explícita lo dispuesto por la Constitución Nacional», expresa el comunicado, en el que también se destaca que desde noviembre de 2024 ya se había anticipado el rechazo a los nombramientos «en comisión» y por decreto del Ejecutivo.
Para los opositores, esta decisión es «inconstitucional» y representa una afrenta al sistema republicano, democrático y federal establecido por la Constitución. Además, el interbloque advirtió que con esta maniobra, el presidente Milei estaría avanzando hacia una centralización del poder que podría atentar contra la independencia del Poder Judicial.
En el ámbito político, las designaciones por decreto han sido históricamente un tema controversial, sobre todo por las implicancias que tienen en la separación de poderes y la autonomía del Senado en el proceso de aprobación de nombramientos. A pesar de las críticas, el Gobierno se mantiene firme en su decisión, subrayando que la medida está enmarcada dentro de las facultades constitucionales del Ejecutivo.
Esta situación genera un ambiente de creciente tensión entre el Gobierno y la oposición, lo que podría tener implicaciones significativas en la relación entre los poderes del Estado, sobre todo con un Congreso fragmentado y un Poder Judicial que, en este caso, parece ser el epicentro de la controversia.
Con este panorama, se espera que el debate sobre la legalidad de los nombramientos siga cobrando fuerza, generando nuevas discusiones en los próximos días.
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