En una nueva derrota judicial para Argentina, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación presentada por el Gobierno argentino en relación a un caso de fondos buitre que reclaman el pago de bonos en default de 2001. Los bonos fueron adquiridos por estos fondos de inversión, conocidos como «holdouts», que no habían participado en los canjes de deuda realizados por el país en 2005, 2010 y 2016.
La sentencia implica un embargo de u$s310 millones en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, que están bajo el control del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este fallo, que involucra bonos del Tesoro de Estados Unidos usados como garantía de los Bonos Brady de la década del 90′, ha sido catalogado por expertos como una de las mayores pérdidas financieras para el país en los últimos años.
El consultor y analista Sebastián Maril, director de Latam Advisors, destacó la trascendencia del fallo a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter). Maril señaló que esta es la segunda derrota de Argentina en tan solo tres meses, después de que, en octubre de 2024, la Corte Suprema del Reino Unido fallara también en contra de Argentina en el caso de los «Cupón PBI».
Los Fondos Buitre y el Conflicto con los Bonos de 2001
Los fondos que lograron la sentencia a su favor en este caso incluyen a Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master. Estos inversores adquirieron los bonos de la deuda argentina que habían quedado en default en 2001, pero que no participaron en los canjes realizados por el país en los años posteriores. Estos bonos representan un pequeño porcentaje de la deuda argentina, alrededor del 3%.
La disputa radica en el uso de estos bonos como garantía de los Bonos Brady, que fueron emitidos en la década de 1990 para reestructurar la deuda externa de Argentina. Tras la cancelación de los Bonos Brady, la garantía estaba liberada, y los fondos buitre comenzaron a reclamar el pago de la deuda que Argentina aún no ha regularizado.
El Impacto del Fallo
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, había fallado en agosto de 2022 a favor del embargo de los bonos, decisión que fue ratificada por la jueza Debra Ann Livingston de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Sin embargo, la última instancia del caso, la Corte Suprema de los Estados Unidos, rechazó la apelación de Argentina, lo que consolida la sentencia de embargo.
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Según Maril, los acreedores pronto tomarán posesión de los 310 millones de dólares depositados en cuentas bancarias en Nueva York, Alemania y Suiza, lo que representa un golpe considerable a las finanzas del país en un contexto económico ya complejo.
Consecuencias para el Gobierno Argentino
Este fallo es otro revés en la lucha de Argentina por resolver las tensiones con los fondos buitres, que han logrado varios fallos favorables en tribunales internacionales. Para el Gobierno argentino, la pérdida de estos recursos es una nueva complicación en su esfuerzo por regularizar la deuda externa y fortalecer la economía del país.
El caso se suma a una serie de enfrentamientos judiciales internacionales que continúan afectando las relaciones comerciales y financieras de Argentina, en un escenario donde las tensiones entre la deuda histórica y los compromisos económicos del presente siguen siendo un desafío de primer orden.
Con la negativa de la Corte Suprema de EE. UU. a revisar la sentencia, se abre un capítulo más en la disputa entre los fondos buitre y el país, dejando una incógnita sobre cómo se resolverán futuras tensiones jurídicas en relación con la deuda argentina.
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