Con respaldo opositor, la Cámara Baja votó una recomposición del 7,2% y la restitución de la moratoria, pero el Gobierno anticipó el veto. La pulseada pasa al Senado.
La Cámara de Diputados aprobó por mayoría varios proyectos de fuerte impacto social y fiscal: una recomposición del 7,2% para jubilados, la actualización del bono mínimo a $110.000 con ajuste por IPC, la restitución de la moratoria previsional por dos años, y un mecanismo automático de transferencia para Cajas Provinciales.
La iniciativa fue impulsada por la oposición y respaldada por 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. El oficialismo, en minoría, denunció el costo fiscal y anticipó que el presidente Javier Milei vetará las medidas si también son aprobadas en el Senado. “Vamos a vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”, expresó el mandatario en redes.
El paquete incluye también la ratificación por ley del esquema de movilidad jubilatoria basado en el IPC, que hasta ahora regía por DNU. En paralelo, se aprobó la emergencia en Discapacidad hasta 2027, con mejoras para pensiones contributivas por invalidez y compatibilidad con empleo formal.
El financiamiento de estas medidas se cubriría, según el dictamen opositor, con recortes al presupuesto de la SIDE, la eliminación de exenciones de IVA para directores de empresas, un tope a los sobrecargos del FMI y la nacionalización de los ingresos de registros automotores. El costo total estimado por los impulsores es del 0,55% del PBI.
En el debate emergieron fracturas entre los aliados tradicionales de Milei: gobernadores como Llaryora (Córdoba), Pullaro (Santa Fe) y Zamora (Santiago del Estero) aportaron votos claves para la aprobación. Incluso sectores que habían apoyado el blindaje de vetos el año pasado ahora se abstuvieron o directamente no asistieron.
La gran incógnita ahora es si Milei aún conserva el tercio necesario en ambas cámaras para sostener el veto presidencial. El Senado, donde la oposición tiene peso propio, será el próximo escenario de esta contienda.
Por lo pronto, el tablero político se mueve: la firmeza del “círculo rojo” libertario ya no es total, y los gobernadores empiezan a marcarle la cancha al Presidente. ¿Cobran los jubilados o los gobernadores? Esa es la tensión central del momento.
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