La bancada oficialista intenta minimizar el hecho, mientras la oposición exige explicaciones.
Un nuevo escándalo sacude al escenario político argentino. Diputados del partido La Libertad Avanza se encuentran en el ojo de la tormenta tras haberse reunido con represores condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza.
La visita, que se produjo a principios de julio, generó un fuerte rechazo en diversos sectores de la sociedad y abrió un intenso debate en el Congreso. Mientras los legisladores libertarios involucrados intentan justificar su accionar, la oposición exige una investigación exhaustiva y posibles sanciones.
Durante una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados, el titular de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, intentó minimizar la gravedad del hecho, asegurando que «quienes cometieron delitos de lesa humanidad deben estar presos». Sin embargo, sus dichos no lograron aplacar las críticas.
Por su parte, la diputada libertaria Lourdes Arrieta pidió disculpas públicamente y solicitó que se investigue al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a quien acusó de haber autorizado la visita.
La polémica se ha intensificado en las últimas semanas, generando un intenso debate en los medios de comunicación y las redes sociales. Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su repudio ante este hecho, calificándolo como una afrenta a las víctimas de la dictadura militar.
La visita de los diputados libertarios ha reavivado el debate sobre la memoria, la verdad y la justicia en Argentina, y ha puesto en el centro de la escena la importancia de continuar trabajando para fortalecer la democracia y garantizar que hechos como los ocurridos durante la dictadura nunca más se repitan.
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