La implementación de narcotest obligatorios para funcionarios municipales y provinciales en Córdoba ha generado un debate político en la ciudad. Mientras algunos, como el Legislador Miguel Siciliano, defienden esta medida como una herramienta para garantizar la transparencia y la lucha contra el narcotráfico, otros, como laLegisladora Luciana Echevarría, la consideran una violación a la privacidad y una solución superficial a un problema complejo.
Siciliano argumenta que los narcotest son necesarios para asegurar que quienes ocupan cargos públicos sean un ejemplo para la sociedad y estén libres de influencias ilícitas. «Quienes tienen responsabilidades de gestión deben demostrar un compromiso con la lucha contra el narcotráfico», afirmó el Legislador.
Por su parte, Echevarría sostiene que esta medida es discriminatoria y atenta contra la privacidad de los funcionarios. «Los narcotest estigmatizan a quienes consumen drogas y no resuelven el problema de fondo», señaló la concejala. Además, plantea que los recursos públicos deberían destinarse a mejorar los servicios esenciales como la salud.
Este debate ha puesto en el centro de la escena la compleja relación entre la lucha contra el narcotráfico, los derechos individuales y las políticas públicas. Expertos consultados señalan que la eficacia de los narcotest como herramienta para combatir el narcotráfico es discutible y que existen otras medidas que podrían ser más efectivas.
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