El caso del ginecólogo Diego Clementi, la presión mediática y la erosión de las garantías profesionales.

*Dr. Víctor E. Piccoli – Abogado / Especialista en Justicia
Constitucional y DDHH con Orientación en Minorías y Grupos
Vulnerables / Esp. Derecho Ambiental / Doctorando en Derecho / Dipl. en
Protección Ambiental / Dipl. en Gestión Parlamentaria / Dipl. en
Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad

El caso que culminó con la condena del médico ginecólogo Diego
Clementi no puede analizarse de manera aislada ni reducirse a la
responsabilidad individual del profesional involucrado. Se trata, en rigor, de un
precedente con proyección sistémica, que interpela de forma directa el rol del
Poder Judicial, la independencia de criterio de los jueces y la seguridad jurídica
en el ejercicio de las profesiones.

Cuando una decisión judicial se dicta en un contexto de alta exposición
mediática, presión social y discursos militantes intensificados, el riesgo no es
solo el error judicial puntual, sino algo más profundo; es decir, la sustitución del
juicio jurídico por el juicio moral, social, ideológico o político, y la progresiva
transformación del juez en un gestor de demandas simbólicas, antes que en un
garante de derechos.

Por otra parte, el sistema constitucional exige jueces independientes, no
solo frente a los otros poderes del Estado, sino también frente a: 1) la opinión
pública, 2) la agenda mediática, 3) los grupos de presión organizados.

Cuando un magistrado adecua el estándar probatorio o el razonamiento
jurídico para evitar el costo simbólico de una absolución impopular, el derecho
deja de operar como límite y se convierte en instrumento de validación del
clima social dominante.

Este fenómeno es especialmente peligroso en el ámbito penal, donde rige
el principio de última ratio y donde la condena debe fundarse en certeza
jurídica, no en percepciones, relatos retrospectivos ni construcciones
ideológicas del contexto.

Asimismo, uno de los aspectos más inquietantes del caso es el
debilitamiento del valor de la prueba técnica frente a la centralidad absoluta del
relato subjetivo. Cuando los peritajes coinciden, la historia clínica es
consistente y la conducta se ajusta a la lex artis, pero aun así se arriba a una
condena, el mensaje institucional es claro; es decir, el conocimiento técnico deja
de ser un parámetro de protección jurídica.

Esto no solo afecta a la medicina. Afecta a todas las profesiones basadas
en conocimiento especializado, cuya legitimidad jurídica depende de la
previsibilidad de las consecuencias de actuar conforme a la técnica.

En este sentido, toda relación profesional implica una asimetría estructural
de conocimiento, como el médico frente al paciente, el abogado frente al
cliente, el ingeniero frente al comitente, el psicólogo frente al consultante y
demás profesiones.

Esa asimetría no es abuso en sí misma; es la razón de la existencia de la
profesión. El derecho siempre ha entendido que el riesgo no está en la
asimetría, sino en su uso abusivo, lo cual debe probarse de manera objetiva y
concreta.

El problema surge cuando la asimetría se convierte, por sí sola, en un
indicador sospechoso, especialmente cuando el profesional es varón. Allí el
derecho abandona el análisis del acto y comienza a juzgar al sujeto por su
identidad, no por su conducta.

Otro de los aspectos llamativos —y jurídicamente contradictorios— es que,
mientras se sobredimensiona la asimetría en las relaciones profesionales
privadas, se naturalizan o silencian asimetrías mucho más intensas y
estructuralmente riesgosas.

Existen asimetrías profundas y permanentes entre el juez y el justiciable,
el policía y el ciudadano, el Estado y la persona sometida a su poder coercitivo.
Estas relaciones concentran poder decisorio, capacidad de coerción,
monopolio de la fuerza o de la palabra válida, y efectos directos sobre la
libertad, el patrimonio o la dignidad de las personas.

Sin embargo, no se presume abuso por la sola existencia de esa
asimetría. El sistema jurídico exige —correctamente— prueba concreta del
exceso, porque entiende que la asimetría es inherente al rol institucional.

Resulta entonces incoherente que se aplique un estándar opuesto a las
profesiones liberales, como presumir sospecha donde no hay poder estatal y
relativizarla donde el poder es máximo.

En este sentido, sin necesidad de declararlo normativamente, ciertos
fallos comienzan a operar con una presunción implícita: el hombre profesional
es un sujeto potencialmente abusivo por su sola posición y género.

Esto genera efectos prácticos devastadores, como autocensura
profesional, abandono de prácticas necesarias, retraimiento de varones en
determinadas especialidades, medicina, abogacía y psicología defensivas, y
sobrecarga del sistema con estudios innecesarios.

No se trata, en modo alguno, de negar la existencia de abusos reales, los
cuales deben ser investigados con seriedad, rigor científico y objetividad
probatoria, y sancionados con todo el peso de la ley cuando corresponda. Se
trata, más bien, de advertir que la inversión fáctica del principio de inocencia —
convertida en regla implícita— erosiona gravemente la confianza básica que
resulta indispensable para el ejercicio de cualquier actividad profesional
regulada, vaciando de contenido las garantías mínimas del debido proceso y
afectando la legitimidad misma del sistema.

Es por ello que el derecho penal no puede funcionar como vehículo de
pedagogía ideológica ni como herramienta de corrección cultural. Su función es
proteger bienes jurídicos con reglas claras, previsibles y universales.

Cuando un juez se presta —por convicción, temor o presión— a dictar
sentencias que no resisten un análisis técnico estricto, el daño no se agota en
el condenado: se erosiona la confianza en la justicia, se degrada la calidad de
los servicios profesionales y se afecta, indirectamente, el derecho de la
sociedad a una atención adecuada.

En conclusión, el verdadero debate que abre este caso no es si hay que
proteger a los pacientes —eso es indiscutible—, sino cómo hacerlo sin destruir
las garantías que sostienen el Estado de Derecho.

Cuando los jueces confunden justicia con validación social, cuando la
técnica cede ante el relato y cuando el género del profesional se convierte en
un factor de riesgo jurídico, lo que está en peligro no es una profesión en
particular, sino la posibilidad misma de ejercer cualquier profesión con libertad,
previsibilidad y dignidad, en un sistema que debería proteger tanto a los
ciudadanos como a quienes cumplen funciones sociales esenciales.

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