El Gobierno nacional y la provincia de Mendoza han resuelto preadjudicar las acciones estatales de la emblemática empresa IMPSA al consorcio IAF, dirigido por la firma Arc Energy. La decisión se produjo tras la recomendación de la Comisión Evaluadora, que integran el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y autoridades provinciales. La medida es parte de un proceso que podría marcar un nuevo rumbo en la historia de IMPSA, una de las compañías más representativas del sector energético nacional.
Esta resolución ha generado reacciones en el ámbito político y empresarial, y uno de los protagonistas que salió a cuestionar la medida fue Julio Totero, exdirector de IMPSA entre diciembre de 2023 y agosto de 2024. A través de sus redes sociales, el dirigente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET) expresó sus opiniones críticas sobre la gestión de la empresa, particularmente en relación con el Gobierno nacional y provincial, a quienes acusó de haber tomado decisiones erróneas en el proceso.
Totero critica la gestión de la empresa y señala la falta de escucha
Julio Totero fue tajante en sus publicaciones, asegurando que la administración de IMPSA ha cometido varios errores durante los últimos años. Según él, una de las principales falencias fue la extensión de los plazos de los acuerdos por parte del Gobierno de Javier Milei, y la falta de involucramiento de Mendoza en la cuestión. «Fue un error de Mendoza no involucrarse más en el asunto», escribió Totero, quien además insistió en que la licitación internacional convocada no tenía sentido, ya que no había más interesados en la compra de la empresa.
El exdirector también recordó que, durante su gestión, presentó diversas propuestas para mejorar el plan de negocios y la comunicación de IMPSA, pero aseguró que no fue escuchado ni por el Gobierno nacional ni por el provincial. Aseguró que la falta de recursos y la parálisis de la obra pública durante 2023 fueron factores que profundizaron la crisis de la empresa.
Una oferta de 27 millones de dólares y el compromiso con los acreedores
El consorcio IAF ha presentado una oferta de 27 millones de dólares como capital de inversión, con un cronograma de integración ajustado a las necesidades de IMPSA. Además, la propuesta incluye un plazo hasta el 31 de enero para renegociar la deuda de 576 millones de dólares que la empresa mantiene con sus acreedores. Este compromiso es considerado por la Comisión Evaluadora como adecuado, ya que garantiza la continuidad operativa de la empresa, siempre y cuando se logre la conformidad de los acreedores.
El capital accionario de IMPSA está compuesto en su mayoría por el FONDEP, con un 63,7% de las acciones, mientras que el 21,2% corresponde a la provincia de Mendoza, el 9,8% está en manos de acreedores a través de fideicomisos de garantía, y el 5,3% restante pertenece a la familia Pescarmona.
De concretarse el traspaso, el consorcio IAF se comprometería a realizar un pago de 27 millones de dólares, además de un aporte adicional de 5 millones de dólares «cuando sea necesario». Sin embargo, el proceso de renegociación con los acreedores sigue siendo un tema clave que podría determinar el futuro inmediato de la empresa.
El futuro de IMPSA y la postura de Totero
En sus publicaciones, Julio Totero expresó su preocupación por el futuro de IMPSA y destacó la importancia de la industria metalúrgica y energética nacional. Si bien celebró la posibilidad de una nueva capitalización de la empresa, advirtió que este proceso no debe ser malinterpretado como una privatización, sino como una oportunidad para que IMPSA recupere su capacidad operativa y vuelva a producir con fuerza.
Totero hizo un llamado a dejar de lado los intereses políticos y a trabajar por el desarrollo nacional, destacando que IMPSA es un emblema de la industria argentina en el mundo. «Por los trabajadores, por la industria nacional, por el desarrollo tecnológico, por el país y la provincia. Todos por IMPSA», concluyó.
El proceso de venta y reestructuración de IMPSA continúa siendo un tema clave en la agenda económica y política de Argentina, y la resolución de esta crisis podría marcar un antes y un después para la industria energética del país. Mientras tanto, las autoridades provinciales y nacionales deberán continuar negociando con los acreedores y buscando soluciones que garanticen la viabilidad de la empresa en el futuro.
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