El Gobierno celebra fallo judicial que obliga a transporte a garantizar el acceso gratuito a personas con discapacidad

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2024 – En una victoria para la inclusión social, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, celebró este miércoles el fallo judicial que obliga a las empresas de transporte de larga distancia a garantizar el acceso gratuito a sus servicios para las personas con discapacidad. El funcionario no dudó en criticar a los empresarios que intentaron eludir esta obligación, calificándolos de «ratas».

A través de un mensaje en su cuenta de X (Twitter), Mogetta explicó que, tras la desregulación del transporte, algunos empresarios intentaron suspender el beneficio del transporte gratuito para personas con discapacidad, a pesar de que esta medida no se ve afectada por la desregulación. «Meterse con personas vulnerables los convierte en la peor clase de ratas», afirmó el funcionario, quien dejó claro que el Gobierno no cederá ante esta práctica y llevará adelante sanciones contra quienes no cumplan con la ley.

Un fallo clave para la inclusión

El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que se conoció este miércoles, establece que las empresas de transporte pertenecientes a la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) deberán «de modo inmediato» cumplir con la obligación de proporcionar pasajes gratuitos a las personas con discapacidad. Esta medida se basa en las leyes nacionales 22.431, 26.928 y 27.674, que protegen los derechos de las personas con discapacidad y garantizan su acceso a un transporte equitativo y accesible.

Además de ordenar a las empresas que implementen esta política de inmediato, el tribunal también estipuló que deberán presentar un informe ante el juzgado en un plazo de dos días para certificar el cumplimiento de la medida.



Subsidios del Estado para las empresas

El fallo también reitera que el Estado Nacional continuará proporcionando subsidios a las empresas de transporte para compensar los costos asociados a la prestación de este servicio gratuito. La Resolución 523/23 establece que las empresas recibirán compensaciones económicas para asegurar que el derecho de las personas con discapacidad a un transporte sin costo no sea interrumpido, equilibrando así el impacto financiero de esta medida.

El fallo incluye, además, una medida cautelar que mantendrá vigente esta obligación hasta que se dicte una sentencia definitiva. Esta decisión busca evitar que las personas con discapacidad sufran perjuicios por la falta de acceso a servicios esenciales para su movilidad e integración social.

Monitoreo y control del cumplimiento

El tribunal también ordenó que tanto el Ministerio de Transporte como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) lleven a cabo un monitoreo exhaustivo para garantizar que las empresas cumplan con la sentencia y que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados.

Franco Mogetta cerró su mensaje con una contundente declaración: «Este Gobierno con ratas no transa, las combate». El secretario de Transporte destacó que, con este fallo, se reafirma el compromiso del Ejecutivo con la inclusión social y con la protección de los derechos de las personas más vulnerables.

Esta medida refuerza el acceso universal y equitativo al transporte público, un derecho fundamental para garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en la sociedad.


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