Buenos Aires – El Gobierno del presidente Javier Milei planea presentar al Congreso una propuesta para eliminar “todo el financiamiento estatal a los partidos políticos”, según confirmó a Ámbito una alta fuente de la Casa Rosada. Esta medida busca replicar el modelo estadounidense, donde son los propios adherentes a los partidos quienes financian sus estructuras.
Desde el entorno de Milei, se considera esta iniciativa como un paso necesario para “transparentar los gastos de la política” y se alinea con la “batalla contra las castas” que el mandatario ha promovido. La intención es incluir esta propuesta en el debate del presupuesto para 2025 en el Parlamento.
Sin embargo, se anticipa que esta medida generará un intenso debate entre los legisladores. Algunos medios oficiales especulan que, como parte de las negociaciones, los recortes en el financiamiento a partidos podrían ser redirigidos para aumentar el presupuesto universitario.
Como antecedente, el Ejecutivo había manifestado su intención de eliminar las elecciones primarias, que costaron 10.618 millones de pesos el año pasado. No obstante, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció recientemente que “no nos dan los números” para lograr los votos necesarios para suprimir las primarias en 2025.
El clima en torno al presupuesto se percibe positivo desde el Gobierno, que espera su aprobación. En relación a las jubilaciones, el Ejecutivo continúa rechazando la propuesta de recomposición del 8% que han planteado otras fuerzas, aunque no descarta analizar una suma por única vez. Fuentes oficiales aseguran que “todo está en la mesa de negociación”, subrayando que las partidas pueden ser modificadas pero sin comprometer el equilibrio fiscal.
Gasto político en el presupuesto
En el presupuesto de 2023, el Ministerio del Interior recibió una partida de 48.500 millones de pesos, aproximadamente 164 millones de dólares al tipo de cambio oficial, destinada al Impulso al Desarrollo Democrático y Relaciones con la Comunidad.
Los partidos políticos actualmente se financian a través de dos fuentes: el financiamiento público, que proviene de aportes regulares del Estado, y el financiamiento privado, que incluye fondos de afiliados, donaciones y actividades propias. La Ley 26.215 establece que el financiamiento estatal debe distribuirse de manera equitativa entre las alianzas para la impresión de boletas y en función de los votos obtenidos en elecciones anteriores.
Sin embargo, especialistas advierten que, a pesar de las restricciones legales sobre las contribuciones, muchos gastos de campaña provienen de aportes informales que no son registrados oficialmente, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia del financiamiento político en el país.
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