El gobierno de Milei avanza en la derogación de jubilaciones de privilegio para funcionarios

El Gobierno de Javier Milei se propone avanzar esta semana en el tratamiento de un proyecto de ley que busca eliminar las jubilaciones y pensiones de privilegio que actualmente perciben ciertos funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos en Argentina. La iniciativa, presentada por los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone, plantea la derogación de las leyes 21.540, 22.430, 22.731 y 24.018, que otorgan beneficios especiales a quienes han ocupado altos cargos en el Estado.

Según fuentes del Poder Ejecutivo, el proyecto cuenta con el respaldo de los ministros Guillermo Francos y Federico Sturzenegger, quienes expresaron su interés durante una reunión en Casa Rosada. Esta medida tiene como objetivo derogar normas sancionadas durante los gobiernos militares de Jorge Videla y Reynaldo Bignone, así como una ley aprobada durante la gestión de Carlos Menem, que establece privilegios previsionales.

Si se aprueba la derogación, los funcionarios afectados pasarían a depender del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Además, el tercer artículo de la iniciativa estipula que, al finalizar su mandato, el Presidente de la Nación tendrá derecho a una «asignación mensual vitalicia» equivalente al 80% de su salario en funciones.

Javier Milei, quien ha manifestado su postura en contra de las jubilaciones de privilegio, renunció previamente a su propia jubilación bajo este régimen. «No ejerceré el derecho a la jubilación de privilegio», señaló en su carta presentada a la ANSES.

Actualmente, cinco expresidentes, cuatro viudas, una hija de expresidente y cuatro expresidentes en ejercicio reciben estas jubilaciones, con un costo total de $112,3 millones en mayo, equivalente a 432 jubilaciones mínimas. Cristina Fernández de Kirchner es la beneficiaria de mayor monto, recibiendo en conjunto $12,2 millones. Le siguen Alberto Fernández, con $6,7 millones, y Mauricio Macri, con $5 millones.

La propuesta del Gobierno de Milei marca un paso significativo en su agenda de reforma y apunta a reducir las desigualdades en el sistema previsional argentino.


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