El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), a través del Decreto 3/2025, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida implica el cierre de la sociedad estatal encargada de la administración del puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, de la gestión de la estratégica hidrovía del río Paraná, un corredor fundamental que canaliza el 80% de las exportaciones argentinas.
En su reemplazo, el Ejecutivo creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un nuevo ente autárquico dependiente del Ministerio de Economía. Este organismo asumirá de manera temporal la concesión de la hidrovía hasta la adjudicación definitiva del contrato correspondiente, y luego se encargará de fiscalizar y controlar el proyecto.
El decreto también designó a Iñaki Miguel Arreseygor, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables, como director ejecutivo de la ANPYN, con rango de Secretario de Estado.
El Gobierno justificó la disolución de la AGP señalando que la entidad había incrementado su estructura administrativa y su personal más allá de lo que sus competencias demandaban. Esta decisión se alinea con la política establecida por el Decreto 70/23, que derogó la Ley 20.705 de Sociedades del Estado, transformando estas entidades en Sociedades Anónimas sin prerrogativas públicas.
Ecos de la Eternidad sorprendió en Nexus revelando el costado metalero de Cristian Castro10 de diciembre de 2025
Despertó el gigante: 13 mil personas colmaron la apertura de temporada en Río Ceballos8 de diciembre de 2025La disolución de la AGP ocurre en un momento crítico para el comercio exterior argentino, en pleno proceso de licitación internacional para el dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, un proyecto clave para el transporte de productos agrícolas y bienes industriales en la región. Esta obra está valorada en 9.000 millones de dólares y conecta a cinco países de América del Sur, siendo esencial para las exportaciones argentinas.
En el marco de esta licitación, las principales empresas internacionales que compiten por el contrato incluyen a Jan de Nul, actual operadora de la hidrovía, DEME Group y Boskalis, compañías europeas con amplia experiencia en grandes obras de dragado. Cabe destacar que empresas estatales, como la china Shanghai Dredging Co., han quedado excluidas debido a las restricciones del artículo 16° de la resolución.
La disolución de la AGP se suma a otras medidas del gobierno que buscan reducir la participación del Estado en áreas no esenciales, como la liquidación de Trenes Argentinos Capital Humano en 2024. Estas reformas forman parte de un proceso más amplio de reestructuración de organismos públicos y optimización de recursos, en línea con las políticas de ajuste del gobierno de Milei.
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