El Gobierno nacional oficializó la desregulación del transporte automotor de pasajeros en rutas con el decreto 883/2024. La nueva normativa permite a las empresas establecer sus propios recorridos, precios, horarios, tipos de vehículos, paradas y la duración de los servicios, marcando un cambio significativo en el sector. El decreto, que crea además el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros, entrará en vigencia en 60 días. Las empresas actuales no deberán registrarse nuevamente, pero las nuevas tendrán una habilitación en cinco días hábiles.
Repercusiones en el sector y críticas de especialistas
Las empresas del sector ven con buenos ojos la competencia, pero advierten sobre los efectos negativos para las más pequeñas y esperan conocer la reglamentación específica para evaluar el impacto. Especialistas en transporte han planteado preocupaciones sobre la seguridad y la efectividad de los controles en este nuevo escenario.
Gaspar Díaz Oliva, presidente de la Cámara Argentina de Transporte de Pasajeros (CATAP), señaló que se trata de un «cambio profundo en el sistema», al dejar de considerarse como servicio público. Esto implica que las empresas no tendrán que cumplir con tarifas, horarios o permisos específicos, sino que simplemente deberán informar sobre los recorridos y horarios que deseen operar.
Efectos en la competencia y en la oferta de servicios
Díaz Oliva destacó que el nuevo sistema podría generar una sobreoferta en rutas cortas y populares como las que conectan a la Costa Atlántica, Rosario y Córdoba, lo cual podría afectar la sostenibilidad de las empresas que ya operan en esos corredores.
Luciano Fusaro, presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), explicó que la medida podría desestabilizar a las empresas que dependen de la temporada alta para compensar las pérdidas en la baja. Según Fusaro, «si se permite que nuevos actores operen solo en temporada alta, muchas empresas que mantienen servicios durante todo el año podrían no sobrevivir».
Preocupaciones sobre la seguridad y control estatal
El exministro de Transporte, Diego Giuliano, y el extitular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Arteaga, coincidieron en que la eliminación de la obligatoriedad de salida desde terminales podría debilitar los controles de seguridad. Arteaga advirtió que al desregular los puntos de salida y llegada, se eliminan los centros de control, lo que complica garantizar la seguridad y el monitoreo de las unidades.
Además, Arteaga señaló que se podría ver afectada la unidad de negocio vinculada al transporte de encomiendas, lo que impactaría principalmente en las empresas más pequeñas que dependen de este servicio adicional.
Impacto en la seguridad de pasajeros y en grupos vulnerables
La desregulación también afecta la cobertura gratuita para personas con discapacidad y trasplantados, quienes solían utilizar el transporte para tratamientos médicos. La pérdida de la condición de servicio público elimina este beneficio, aunque algunos actores esperan que pueda rectificarse en la reglamentación.
La nueva medida del Gobierno promete reconfigurar el transporte automotor de pasajeros, pero deja muchas interrogantes en el aire respecto a la seguridad, la competencia justa y el mantenimiento de servicios en zonas menos rentables. La reglamentación será clave para definir si esta desregulación beneficiará o perjudicará a los usuarios y empresas del sector.
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