En el marco de su política de reducción del Estado y desregulación del mercado, el Gobierno de Javier Milei eliminó el Registro Nacional de Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos Eléctricos (VHE). La medida, oficializada a través de la Resolución 22/2025 del Ministerio de Economía, argumenta que la normativa previa generaba «trabas burocráticas» que afectaban el desarrollo del sector.
El registro, creado en 2023 durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, tenía como objetivo identificar y georreferenciar los puntos de carga en todo el país, promoviendo el uso de energías limpias en el transporte. Sin embargo, el Gobierno actual considera que esta regulación imponía «cargas administrativas innecesarias», en línea con su estrategia de reducir la intervención estatal y simplificar la gestión pública.
Críticas y fundamentos
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue uno de los principales defensores de la medida. A través de la red social X (antes Twitter), criticó duramente la normativa anterior, calificándola como un «diseño radiactivo» del expresidente Fernández. Sturzenegger argumentó que el registro «impedía el desarrollo de la actividad en lugar de promoverla», beneficiando principalmente a las grandes petroleras en detrimento de las pequeñas y medianas empresas.
«Con los vehículos de combustión interna vas a un lugar a cargar, pero con los vehículos eléctricos es al revés: cargás en los lugares adonde vas. Los vehículos eléctricos se cargarán cuando comés en un restaurant o vas al supermercado. Por eso es importante que cualquiera pueda instalar dispositivos de carga», explicó Sturzenegger.
Además, destacó que la eliminación del registro permitirá un «mercado más libre y eficiente», facilitando la instalación de puntos de carga en diversos establecimientos, como restaurantes y supermercados, lo que a su vez podría atraer más clientes y fomentar la adopción de vehículos eléctricos.
Contexto y reacciones
La medida se enmarca en el plan de ajuste del gasto público y reducción de estructuras estatales que viene impulsando el Gobierno de Milei desde su asunción. En las últimas semanas, se han eliminado direcciones en ANSES y recortado programas en distintos organismos, en un intento por reducir la burocracia y optimizar recursos.
Desde el Gobierno, aseguran que estas decisiones buscan «simplificar y agilizar» la gestión estatal, eliminando regulaciones que «obstaculizan la actividad económica». Sin embargo, desde la oposición y algunos sectores productivos advierten sobre el riesgo de que la falta de planificación derive en un freno a inversiones estratégicas, especialmente en un sector clave como el de las energías limpias.
Implementación y vigencia
La Resolución 22/2025, firmada por la secretaria de Energía, María Castiglioni, entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial. Con esta decisión, la actividad de carga de vehículos eléctricos pasará a ser una actividad «plenamente desregulada», lo que, según el Gobierno, permitirá el desarrollo de una red más extensa y accesible de puntos de carga en todo el país.
Esta medida se suma a otras iniciativas de desregulación impulsadas por el Gobierno, como el reciente decreto de autodespacho de combustible, también anunciado esta semana.
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