El Gobierno nacional ha iniciado un proceso de imputación contra 95 empresas de diversos sectores de servicios por incluir tasas y cargos indebidos en las facturas que reciben los usuarios. La medida se enmarca en el incumplimiento de la Resolución 267/2024, la cual establece la prohibición de cargar conceptos adicionales no autorizados a las liquidaciones de los servicios.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!El incumplimiento de la normativa
La resolución, emitida por la Secretaría de Comercio Interior, tiene como objetivo proteger los derechos de los consumidores y garantizar que las empresas solo facturen los servicios realmente prestados, sin adicionar tasas o cargos que no estén expresamente permitidos por la ley. Según la normativa, se prohíbe la inclusión de cualquier tipo de tasa, contribución o concepto adicional en las facturas, salvo aquellos previamente aprobados por las autoridades competentes.
La Secretaría de Comercio Interior ha identificado que, en varios casos, las empresas imputadas incluyeron en las liquidaciones cargos por conceptos como mantenimiento, seguros, y comisiones, entre otros, los cuales no habían sido previamente acordados ni autorizados en los contratos con los usuarios.
Reacciones del Gobierno y las autoridades
La subsecretaria de Comercio Interior, María José Banfi, afirmó que el Gobierno está decidido a garantizar la transparencia en las facturaciones y la defensa de los consumidores: “El objetivo es que los usuarios no sean víctimas de abusos por parte de las empresas. No permitiremos que se sumen cargos indebidos que afecten la economía de los hogares argentinos”.
Banfi añadió que, en los próximos días, las empresas imputadas serán notificadas oficialmente y tendrán un plazo para presentar su defensa. En caso de que se confirme el incumplimiento, podrían enfrentarse a sanciones económicas y a la obligación de devolver los montos cobrados de manera indebida.
Las empresas imputadas y el proceso judicial
De acuerdo con las autoridades, las 95 empresas involucradas abarcan distintos rubros, incluidos telecomunicaciones, servicios de energía, y agua potable. Si bien aún no se han revelado los nombres específicos de las compañías imputadas, se señaló que muchas de ellas han sido repetidamente advertidas por irregularidades similares en el pasado.
Las empresas tendrán que presentar pruebas que justifiquen la inclusión de estos cargos en sus facturas, o bien proceder a la devolución de los importes cobrados en exceso. En el caso de que no cumplan con la normativa o no puedan justificar adecuadamente los cobros adicionales, las autoridades podrían imponer sanciones que van desde multas hasta la suspensión de licencias para operar.
Impacto en los consumidores
Esta medida es un paso más en el esfuerzo del Gobierno por regular las prácticas de facturación en servicios esenciales, que afectan a millones de consumidores en todo el país. Muchos usuarios han expresado su preocupación por los cargos inesperados en sus facturas, los cuales, en muchos casos, representan un porcentaje considerable de los montos finales a abonar.
Desde las organizaciones de defensa del consumidor, han celebrado esta decisión del Gobierno, señalando que el control sobre las facturaciones es fundamental para evitar abusos en un contexto económico complejo, donde el poder adquisitivo de los ciudadanos se ve cada vez más afectado por la inflación y los aumentos en los costos de servicios básicos.
Próximos pasos y medidas adicionales
El Gobierno ha asegurado que continuará con los operativos de inspección y auditoría en las facturaciones de los servicios para garantizar que no se sigan cobrando conceptos no permitidos. Además, se están realizando consultas con las entidades regulatorias para establecer procedimientos más estrictos en las auditorías y en la fiscalización de las empresas de servicios.
Asimismo, el Ministerio de Economía está evaluando la posibilidad de lanzar una campaña informativa para que los consumidores conozcan sus derechos y cómo pueden reclamar ante las autoridades en caso de que detecten cargos indebidos en sus facturas.
Esta acción marca un hito importante en la política de control y regulación de las tarifas de servicios en el país, en un contexto donde la transparencia en la facturación y la defensa de los derechos del consumidor se han convertido en prioridades para el Gobierno.
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