En una reunión llevada a cabo en la Casa Rosada, poco antes del mediodía de este martes, Santiago Caputo, asesor clave del Gobierno, volvió a imponer su postura sobre el futuro del Presupuesto 2025. La reunión, que se extendió por más de una hora, culminó con la confirmación de que la ley de presupuesto no será una prioridad para el Gobierno en el corto plazo. Esta decisión generó malestar entre los gobernadores de Juntos por el Cambio y los de partidos provinciales, quienes, hasta ahora, se han mostrado dispuestos a aportar los votos necesarios para la sanción del presupuesto.
Caputo, quien lideró nuevamente el debate en el que también participó Guillermo Francos, promovió el acuerdo con los gobernadores. Por su parte, el jefe de Gabinete argumentó que contar con una ley que guíe el gasto público era fundamental para enviar señales de gobernabilidad y respaldo a los mercados. Sin embargo, Caputo fue tajante al señalar que los esfuerzos por negociar con el Congreso no traerían resultados: «No importa cuántos votos les des, siempre encontrarán un motivo más para modificar las condiciones», expresó.
El asesor presidencial ha dejado claro que no ve espacio para nuevos acuerdos con el Legislativo. «Está cada vez más convencido de que no hay nada por negociar ni acordar; cree que le sirve seguir mostrando una confrontación con el Poder Legislativo», comentó un diputado cercano al presidente en diálogo con MDZ. Según esta versión, Caputo parece estar tomando una postura más firme ante los pedidos del Congreso.
Desde el despacho del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, se filtró que los cinco puntos exigidos por los gobernadores para brindar apoyo al Presupuesto 2025 implican un costo de alrededor del 0,4 % del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, desde el Gobierno dejaron claro que no acompañarán ninguna medida que comprometa el objetivo del déficit cero. «Es la primera vez que un presidente le pide a un ministro de Economía mayor austeridad», señalaron desde la Presidencia de la Cámara baja.
Menem, por su parte, defendió la decisión de priorizar el equilibrio fiscal por encima de la sanción de una ley de presupuesto. En conversaciones privadas, el riojano señaló que los gobernadores intentaron presionar al Gobierno hasta las últimas semanas del período ordinario del Congreso, pero esa estrategia no será aceptada. Esto se reflejó en el anuncio hecho por José Luis Espert, quien afirmó que, si no hay avances en las próximas semanas, el Gobierno evaluará la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para tratar el tema.
El jefe del bloque de la oposición, Germán Martínez, expresó que el Gobierno, a través de Espert, dejó claro que «no quiere una ley de presupuesto para 2025». Según Martínez, la administración de Milei se siente más cómoda sin una ley sancionada por el Congreso y sin el control parlamentario. En este sentido, Pablo Juliano, jefe del bloque radical disidente Democracia Para Siempre, advirtió que la reconducción del presupuesto 2023 podría abrir paso a un ajuste aún más severo.
Por su parte, los gobernadores provinciales insisten en que la sanción de una ley de presupuesto es fundamental para ordenar el gasto del próximo año. Consideran que la asignación discrecional de los recursos a través del presupuesto de 2023 ha perjudicado a las provincias, que reclaman un mayor control sobre las partidas asignadas.
En el Gobierno, sin embargo, persiste la preocupación de que, después de ceder a las demandas de los mandatarios provinciales, los bloques legislativos que los respaldan, como la UCR o Encuentro Federal, puedan darles un revés en el Congreso. Este temor se amplía con la posibilidad de que el Congreso apruebe la ley que modifica el régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU) o rechace el decreto que autoriza a Caputo a canjear deuda sin pasar por el Congreso, lo que podría generar aún más fricciones internas.
La falta de consenso sobre el Presupuesto 2025 sigue marcando la agenda política en medio de las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, mientras los gobernadores esperan una nueva reunión con el Gobierno para avanzar en la aprobación de una ley que, aseguran, es crucial para ordenar las finanzas del país en el próximo año.
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