El Gobierno nacional anunció hoy una serie de cambios significativos en las políticas de salud relacionadas con los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en menores de edad. En una conferencia de prensa grabada previamente, se detalló que el Poder Ejecutivo derogará ciertos artículos clave de la legislación vigente en materia de identidad de género, modificando sustancialmente las normas hasta ahora permitidas.
Desde el Ministerio de Salud informaron que, a partir de ahora, tanto el sistema público de salud como los servicios privados y de obras sociales dejarán de incluir estos procedimientos dentro del Plan Médico Obligatorio (PMO). De esta manera, los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas relacionadas con el cambio de sexo ya no estarán cubiertos ni garantizados por el sistema de salud, una medida que afectará a los menores de 18 años.
Uno de los puntos más controvertidos es la derogación del artículo 5 de la ley, que anteriormente permitía que los menores de 18 años pudieran cambiar su nombre, sexo y fotografía en el Registro Nacional de las Personas. Con esta modificación, los adolescentes ya no podrán realizar estos trámites de manera autónoma, lo que significa que solo podrán gestionar sus documentos a partir de la mayoría de edad, con la autorización correspondiente.
Además, el artículo 11 de la misma normativa también será modificado, de acuerdo con el nuevo anuncio. A partir de la reforma, los menores no podrán realizarse intervenciones quirúrgicas totales ni parciales, ni tampoco tratamientos hormonales integrales que tengan como objetivo modificar su cuerpo, incluidos los genitales. Esta medida implica un cambio sustancial en los derechos reconocidos previamente a menores en el ámbito de la salud y la identidad de género.
Esta decisión del Gobierno se enmarca dentro de una revisión más amplia de las políticas sanitarias y de derechos, que ha generado diversas reacciones tanto en apoyo como en oposición. La comunidad LGTB+ y las organizaciones defensoras de los derechos humanos se han expresado en contra de las nuevas restricciones, alegando que estas limitaciones podrían poner en peligro la salud y bienestar de los menores transgénero.
Por su parte, el Gobierno sostiene que estas medidas buscan «proteger» a los menores y garantizar que las decisiones sobre procedimientos irreversibles se tomen cuando la persona haya alcanzado una mayor madurez, siendo mayor de 18 años.
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