En medio de la disputa por el control de los recursos de las universidades nacionales, el Gobierno de Javier Milei dio un paso importante para garantizar la transparencia en los procedimientos administrativos y el uso de los fondos públicos. Este martes, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1096/2024, que introduce cambios en el régimen de contrataciones de la Administración Pública, específicamente en lo que respecta a las contrataciones directas.
El decreto modifica el artículo 14 del “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, que había sido aprobado por el Decreto Nº 1030 el 15 de septiembre de 2016. El artículo original establecía que las contrataciones debían llevarse a cabo por compulsa abreviada, con una excepción para los procedimientos gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social, los cuales podían realizarse por adjudicación simple. Con los cambios implementados, las contrataciones directas podrán ser realizadas por compulsa abreviada o por adjudicación simple, dependiendo de las circunstancias.
Nuevas definiciones y criterios
El decreto especifica que las contrataciones por compulsa abreviada serán aquellas en las que haya más de un oferente con la capacidad de satisfacer la prestación solicitada. Por otro lado, las contrataciones por adjudicación simple se utilizarán en situaciones excepcionales, como cuando la Administración no pueda contratar con cualquier proveedor, sino únicamente con una persona o entidad específica, ya sea por razones legales, por circunstancias de hecho, o por la naturaleza del contrato.
Además, el Gobierno dispuso una serie de cambios en cuanto a la publicidad de las contrataciones. Ahora, la convocatoria a presentar ofertas deberá realizarse mediante el envío de invitaciones a al menos tres proveedores, con un mínimo de tres días hábiles de antelación a la fecha de apertura de las ofertas. Esta convocatoria también debe difundirse en el sitio de la Oficina Nacional de Contrataciones o en el sistema electrónico de contrataciones.
Transparencia en los procedimientos
El nuevo decreto tiene como objetivo asegurar una mayor transparencia y control en los procesos de contratación, permitiendo una difusión más amplia y detallada de las convocatorias. Las invitaciones deben ser enviadas a un mínimo de tres proveedores, y los detalles de la convocatoria serán publicados en los sitios oficiales de la administración pública.
El decreto también establece excepciones en casos de urgencia, en los cuales la difusión de la convocatoria será más ágil, pero siempre respetando el principio de transparencia.
Por último, la medida incluye la derogación de los artículos 23, 23 bis y 24 del “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, con el fin de actualizar y simplificar los procedimientos.
Este cambio se produce en un contexto de fuertes discusiones sobre el destino de los recursos públicos, especialmente en lo que respecta a las universidades nacionales. Con esta reforma, el Gobierno busca no solo optimizar la gestión de los recursos, sino también reforzar la confianza en el manejo de los fondos públicos.
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