El ministro de Defensa, Luis Petri, firmó este lunes la Resolución 2025-72, que dispone la baja de 23 militares retirados con condenas firmes por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). La medida se enmarca en la nueva mirada del Gobierno nacional sobre ese período histórico, que busca, según el oficialismo, contar la «historia completa» y revalorizar el rol de las Fuerzas Armadas.
La decisión de Petri
En su perfil de X (antes Twitter), Petri explicó que la baja de los oficiales retirados no es una decisión política, sino el cumplimiento de sentencias judiciales firmes. «Son bajas ordenadas por la Justicia», afirmó, y destacó que estos procesos han agotado todas las instancias de revisión y apelación.
La historia completa es uno de los pilares de nuestra gestión. Homenajeamos e indemnizamos a nuestros soldados en Formosa y los reivindicamos en Azul y en Villa María. Desmantelamos los “grupos de trabajo” parajudiciales que servían para perseguir a las Fuerzas. Impulsamos, junto…
— Luis Petri (@luispetri) January 30, 2025
Entre los militares dados de baja se encuentran figuras emblemáticas como:
- Eduardo Rodolfo Cabanillas: Condenado a prisión perpetua por crímenes en Automotores Orletti.
- Pascual Guerrieri: Condenado en Buenos Aires por su rol en el Batallón de Inteligencia 601 y en Rosario por otros delitos.
- Federico Minicucci: Exjefe del regimiento de La Tablada.
- Héctor Salvador Girbone: Condenado por la sustracción de Pablo Gaona Miranda, entre otros casos.
La postura del Gobierno
Petri aseguró que, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, el Gobierno asume el desafío de «reconstruir la Argentina desde sus cimientos», revalorizando el rol de las Fuerzas Armadas. Además, criticó a quienes cuestionaron la medida: «Muchos de los que hoy critican esta medida se rasgan las vestiduras hablando de división de poderes y República. Podemos estar o no de acuerdo con las decisiones judiciales, pero cumplir con la ley no es una opción: es una obligación».
El cierre de la CONADI
En otro punto polémico, Petri anunció que el Gobierno impulsa el cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), organismo encargado de restituir la identidad de las personas secuestradas durante la dictadura. Según el ministro, esta decisión se coordina con el Ministerio de Justicia y forma parte de una reestructuración más amplia del Estado.
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Reacciones y contexto
La medida generó reacciones encontradas. Mientras algunos sectores celebraron el cumplimiento de las sentencias judiciales, otros criticaron la posible desarticulación de organismos clave en la búsqueda de justicia y memoria.
Esta decisión se enmarca en una nueva narrativa oficial sobre la dictadura, que busca distanciarse de la visión histórica promovida durante los gobiernos kirchneristas. El Gobierno nacional insiste en que su objetivo es contar una «historia completa», aunque esta postura ha generado debates y controversias en la sociedad argentina.
Próximos pasos
Con esta resolución, el Gobierno avanza en su agenda de reestructuración de las Fuerzas Armadas y en su enfoque sobre el pasado reciente del país. Sin embargo, el cierre de la CONADI y otras medidas similares podrían generar tensiones con organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad que defienden la memoria y la justicia.
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