El Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.160 de emergencia territorial y su prórroga mediante el decreto 805/2021, poniendo fin a una medida que había sido implementada en 2006 para suspender los desalojos de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas. Con la derogación de estas normativas, las fuerzas de seguridad podrían proceder con los desalojos, si fuera necesario.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!En los considerandos del nuevo decreto 1083/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo argumentó que se había hecho un uso «abusivo, subjetivo y discrecional» de la ley por parte de algunas comunidades indígenas, lo que habría invalidado el propósito original de la emergencia territorial. Según el decreto, las comunidades indígenas habrían recurrido a fragmentar sus reclamos, lo que volvió «inoficiosa» la declaración de emergencia que originalmente buscaba proteger los derechos territoriales de las comunidades originarias.
La derogación de la Ley N° 26.160, sancionada a fines de 2006, pone fin a la «emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas». La ley había establecido que no se podrían realizar desalojos ni desocupaciones de tierras indígenas durante el período de emergencia, que inicialmente fue por cuatro años, pero que con el decreto 805/2021, se extendió hasta noviembre de 2025.
Impacto de la medida en las comunidades indígenas
La derogación de la ley y la prórroga de emergencia ha generado un intenso debate. Desde el Gobierno, argumentaron que la ley y su extensión habían permitido que se inscribieran comunidades indígenas sin cumplir con las condiciones mínimas para ser reconocidas, lo que a su vez habría generado conflictos con grupos que no cumplían los requisitos establecidos. En la actualidad, 1.626 comunidades son reconocidas oficialmente en los registros nacionales.
El decreto menciona también el aumento progresivo del conflicto en el sur del país, donde las comunidades indígenas han tomado tierras en medio de enfrentamientos con fuerzas de seguridad y propietarios privados. El Gobierno destacó que estas acciones habrían provocado graves daños ambientales, incluidos incendios intencionales en plantaciones forestales y bosques naturales, con un total de 254 hechos judicializados por usurpaciones y hechos violentos en diversas provincias.
El contexto político de la derogación
La decisión fue tomada por el presidente Javier Milei y firmada por varios ministros del Gabinete, entre ellos el ministro de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el ministro de Economía, Luis Caputo. El decreto pone fin a lo que el Gobierno considera un abuso de la normativa original y su prolongación, permitiendo a las autoridades avanzar en acciones legales y de desalojo en las tierras disputadas.
Reacciones ante la medida
La derogación de la ley ha sido vista por algunos como una medida para poner orden en la problemática territorial que ha afectado a varias provincias argentinas, mientras que otros critican la decisión por considerarla un golpe a los derechos de las comunidades indígenas. Con el fin de la emergencia, las fuerzas de seguridad ahora tienen la posibilidad de avanzar con desalojos en tierras que, según el Gobierno, han sido ocupadas de manera irregular o ilegítima.
La medida plantea un escenario incierto en cuanto al futuro de las comunidades indígenas, mientras el conflicto por el control territorial continúa siendo uno de los temas más complejos del país.
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