El Gobierno prorrogó el presupuesto de 2023 para 2025: la falta de acuerdo complica la situación económica

El Gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto de 2023 y sus modificaciones para el año 2025, marcando un hito al ser la primera vez desde la reforma de la Ley de Administración Financiera que se prorroga por dos años consecutivos. Este hecho se da a pesar de que el presidente Javier Milei había presentado ante el Congreso un proyecto de presupuesto para 2025, el cual no logró ser tratado debido a la falta de consenso político.

La ausencia de discusión en el Congreso se debió a que el oficialismo no incluyó el proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias, cuya convocatoria también fue pospuesta. El proyecto presentado por el Ejecutivo contemplaba una inflación anual de 18%, un crecimiento del 5% y un compromiso con el superávit fiscal, a la vez que proponía una regla fiscal que implicaba recortes de gasto si los ingresos disminuían. Sin embargo, el mismo no logró avanzar en el Legislativo, lo que obligó a prorrogar el presupuesto vigente.

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) advirtió que esta segunda prórroga refleja «un retroceso en la institucionalidad del Sector Público» y evidencia la «imposibilidad de alcanzar acuerdos mínimos necesarios». La falta de un presupuesto aprobado por el Congreso le da al Ejecutivo mayor discrecionalidad en la asignación de recursos, limitando la intervención del Poder Legislativo.

El economista Roberto Cachanosky expresó que «se está gobernando sin presupuesto», al recordar que el presupuesto de 2023 ya contemplaba un déficit fiscal y no incluía medidas clave como la suspensión de la obra pública o la restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. En la práctica, el presupuesto para 2025 será una extensión del de 2023, con las modificaciones aplicadas durante el 2024.

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En cuanto a las modificaciones al presupuesto, un análisis de ASAP destacó que, si bien se habían duplicado los fondos, al ajustarlos por inflación, el resultado reflejaba una caída del 30% real. En el frente de los gastos, se eliminarán los créditos que ya cumplieron con sus fines y se priorizarán los fondos necesarios para el servicio de deuda y la continuidad de los servicios esenciales.

La falta de un presupuesto aprobado tiene profundas implicancias. Entre otras cosas, un presupuesto define la meta del resultado financiero, autoriza la emisión de nueva deuda, establece un plan de obras, determina los recursos para provincias, municipios y empresas públicas, y establece pautas para los salarios públicos, jubilaciones y pensiones.

Durante las discusiones, los gobernadores pidieron mayores recursos para infraestructura, que sufrió una caída del 71% en la inversión acumulada, y la resolución de deudas previsionales con la Nación. Por su parte, la oposición planteó la necesidad de recomponer los ingresos de los jubilados, especialmente tras el cambio en la fórmula de ajuste de las jubilaciones.

El diputado radical Martín Tetaz reveló que «la oposición responsable estaba dispuesta a aprobar un presupuesto equilibrado», pero exigió que, si los recursos crecían más de lo previsto, se recompusieran los ingresos de los jubilados y los salarios de los docentes universitarios, que perdieron un 8% con el cambio de fórmula.

Sin embargo, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, rechazó las acusaciones y sostuvo que la oposición buscaba aumentar el gasto sin financiamiento, acusando a los opositores de plantear medidas deficitarias por $4 billones, lo que bloqueó el debate presupuestario.

Este escenario deja al país ante un panorama incierto para 2025, con un presupuesto prorrogado que limita el margen de maniobra del Ejecutivo y deja una discusión política sin resolver.