La caída de la recaudación encendió las alarmas en Economía. Para sostener la meta fiscal, el oficialismo deberá aplicar un ajuste superior a 10 billones de pesos, concentrado en salarios, subsidios y transferencias.
El alivio electoral tiene fecha de vencimiento. Tras los comicios de octubre, el Gobierno nacional se prepara para ejecutar uno de los ajustes fiscales más duros de los últimos años. La eliminación del Impuesto PAIS y la reducción de las retenciones derrumbaron la recaudación en torno al 1,5% del PBI, apenas por debajo del superávit logrado en 2024. Con un escenario de ingresos debilitados y metas exigentes del Fondo Monetario Internacional, el margen de maniobra se agotó.
De acuerdo con estimaciones de especialistas, el Tesoro debería recortar más de 10 billones de pesos en lo que resta del año para sostener la meta acordada con el organismo internacional. El desafío radica en que buena parte del gasto público está indexado por ley —jubilaciones, deuda, asignaciones y prestaciones sociales—, lo que obliga a concentrar el ajuste en rubros flexibles: salarios públicos, subsidios energéticos, obras y transferencias a las provincias.
El ajuste ya comenzó a sentirse. Un gobernador del norte reconoció que Nación frenó los pagos de obras viales pactadas meses atrás. La caída de la recaudación dejó sin margen a la política expansiva que el Gobierno sostuvo durante el primer semestre, en un intento por contener los efectos de la devaluación y evitar el traslado a tarifas antes de las elecciones.
Esa maniobra, sin embargo, fue apenas un paliativo. Durante julio y agosto, el Estado volcó más de 1.100 millones de dólares a Cammesa —muy por encima del promedio semestral— para mantener congeladas las tarifas de energía. Pero la devaluación acumulada desde abril, cercana al 40%, y el agotamiento de los fondos, anticipan un tarifazo inminente. “Si no se hubiese incrementado el subsidio, el traslado del tipo de cambio se habría reflejado en un 90% en las facturas. Ese salto se contuvo, pero ya no hay recursos para sostenerlo”, admitió un exfuncionario del área energética.
El Presupuesto 2026 refuerza esta lógica de contracción. Mientras las partidas indexadas muestran variaciones positivas en términos reales, los gastos no indexados se desploman, marcando el camino del ajuste. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que, para que el gasto total crezca levemente, las partidas flexibles deberán caer más rápido y en mayor magnitud.
“Ya se habían hecho simulaciones con distintos escenarios de caída de ingresos y el resultado siempre era el mismo: si la recaudación afloja, el ajuste tiene que concentrarse en el gasto no indexado”, explicó Nadin Argañaraz, titular del IARAF.
El escenario abre una tensión política latente. Los gobernadores que habían vuelto a tender puentes con la Casa Rosada esperan asistencia y fondos para obras, mientras en Economía se preparan para recortar giros y transferencias. Si la austeridad fiscal se impone con la fuerza que anticipan los números, el pacto con los mandatarios provinciales podría volver a romperse antes de que termine el año.
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