El Gobierno argentino ha anunciado que suspenderá más de 120.000 pensiones otorgadas a través de la Asignación Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debido a irregularidades detectadas en las auditorías recientes. Este recorte afectará específicamente a las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral, con un alcance que podría afectar a entre el 30% y el 40% de los 400.000 beneficiarios totales.
Resultados de las auditorías
Las auditorías, llevadas a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelaron que una porción significativa de los casos analizados no cumplía con los requisitos para recibir la prestación. En una primera evaluación, de los 2.559 casos revisados, solo el 7% de los beneficiarios cumplía con los criterios exigidos para acceder a la pensión.
¿Quiénes perderán la pensión?
Entre los principales requisitos que se exigen para cobrar la PNC por Invalidez Laboral, se destacan los siguientes:
- No recibir otros ingresos del Estado.
- No estar empleado en el sector formal.
- Tener ingresos insuficientes.
- Ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años en el país.
- No estar privado de la libertad.
A partir de estos criterios, el Gobierno ha definido que entre 120.000 y 160.000 personas podrían quedar excluidas del beneficio, con la posibilidad de que esta cifra aumente a medida que avancen las auditorías.
Proceso de ajuste
Esta decisión se toma en el marco de un esfuerzo por optimizar los recursos del Estado, asegurando que solo quienes cumplan estrictamente con los requisitos establecidos reciban la ayuda. El recorte está programado para implementarse en octubre de 2024.
Las pensiones no contributivas están destinadas a personas en situaciones de vulnerabilidad que no pueden continuar con su actividad laboral debido a problemas de salud. Sin embargo, las auditorías mostraron que un número considerable de beneficiarios no cumplía con las condiciones exigidas, lo que llevó al Gobierno a realizar este ajuste masivo.
Este proceso de revisión y suspensión busca equilibrar los recursos destinados a la seguridad social, garantizando que el beneficio llegue solo a quienes lo necesitan.
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