Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina, su alineamiento con las políticas de Donald Trump ha sido claro y expreso. En un escenario de fuertes tensiones políticas, la Casa Rosada adoptó rápidamente la agenda “woke” como uno de sus principales enemigos, lanzando una ofensiva para revertir logros legislativos conseguidos por los feminismos en la última década. Sin embargo, dentro del Congreso, particularmente en la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados, diversas propuestas buscan mantener y profundizar los avances de leyes feministas.
Una de las iniciativas más destacadas ha sido la reforma de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, cuyo objetivo es ampliar el marco normativo contra las violencias de género. A través de debates y acuerdos en la comisión, se ha propuesto la incorporación de nuevas formas de violencia, como el acoso sexual en los ámbitos laborales y académicos. Esta propuesta, impulsada por un colectivo de mujeres periodistas tras las denuncias a Pedro Brieger, ha logrado un amplio consenso. Según la diputada Mónica Macha (Unión por la Patria), presidenta de la comisión, “está lista para ir al recinto” con el apoyo de casi todos los bloques, excepto La Libertad Avanza.
Otros proyectos también han recibido atención, como la inclusión de la violencia vicaria, presentada por Pamela Calletti (Innovación Federal), y la suspensión de armas oficiales a sospechosos de violencia de género, propuesta por Juan Marino (Unión por la Patria). Incluso dentro de La Libertad Avanza, algunas figuras como la diputada Emilia Orozco han promovido medidas preventivas para proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.
No obstante, la postura de La Libertad Avanza sobre el feminismo ha sido claramente definida, especialmente después del desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, justificó esta decisión afirmando que “las violencias no tienen género”, a pesar de las alarmantes estadísticas sobre femicidios en el país. Además, Cúneo Libarona anticipó la intención oficial de eliminar la figura de “femicidio” como agravante penal, lo que ha generado fuertes críticas en sectores feministas.
Entre las propuestas de reforma, destaca también el proyecto de Marcela Pagano (La Libertad Avanza), que busca modificar la Ley Micaela para reducir el enfoque de género en su aplicación y trasladar su gestión al Ministerio de Capital Humano, en línea con la política de recorte de recursos en las áreas de género.
En el Congreso, se continúan impulsando otras iniciativas que buscan ampliar la contención estatal frente a diversas violencias. La diputada Mónica Macha ha propuesto la creación de un Régimen de Reparación Económica para sobrevivientes de explotación sexual y trata, así como un programa integral de protección para quienes ejercen la prostitución. Por otro lado, el diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal) ha presentado una ley que busca erradicar los tratamientos de “curas” para la orientación sexual y expresión de género, en un contexto de creciente ataque a los derechos LGTBIQ+.
Asimismo, en noviembre, el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto para regular la subrogación de vientres, un avance en la legislación sobre gestación por sustitución que, de aprobarse, significaría un avance importante en los derechos reproductivos.
A pesar de estos avances, el panorama sigue siendo complejo. La polarización política en torno a las políticas de género se intensifica, y la oposición feminista se prepara para movilizarse en defensa de los derechos conquistados en los últimos años. Para Macha, estas movilizaciones representan una oportunidad para “poner un límite a este nivel de violencia y de persecución”.
El futuro de los proyectos en Diputados será clave para determinar si Argentina continuará avanzando en la protección de los derechos de las mujeres y las diversidades, o si, por el contrario, asistiremos a un retroceso legislativo impulsado por la agenda oficialista. El país se encuentra ante un cruce de caminos, en el que la movilización social será determinante.
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