El impedimento de contacto y la deuda del sistema judicial con la niñez

La abogada Paola Bucci analizó en Guantes Negros, por Nexus, cómo el exceso de burocracia y la superposición de derechos terminan vulnerando el interés superior del niño en causas de familia.

Durante su participación en el programa Guantes Negros, emitido por Nexus, la abogada Paola Bucci brindó una mirada crítica sobre el delito de impedimento de contacto y el funcionamiento actual del sistema judicial en materia de niñez. Desde una perspectiva jurídica y humana, advirtió que muchas de las herramientas legales creadas para proteger a los menores hoy se diluyen en procedimientos formales que desvían el foco del verdadero sujeto a resguardar.

Bucci recordó que tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales con jerarquía constitucional y la Ley 26.061 establecen que privar a un niño del contacto con su padre o su madre debe ser siempre una excepción y nunca la regla. Sin embargo, en la práctica cotidiana de los juzgados de familia, ese principio —clave del derecho— suele quedar relegado frente al cumplimiento estricto del debido proceso y a disputas procesales entre adultos.

En ese marco, la abogada señaló que el interés superior del niño queda “dibujado”, atrapado en la espera de resoluciones judiciales, cambios de defensa técnica o decisiones atravesadas por coyunturas políticas. Según explicó, existe una “hiperinflación de derechos” que genera superposición y confusión: derechos del niño, de la mujer, garantías procesales y presunción de inocencia conviven sin una jerarquía clara, lo que provoca que finalmente no se proteja de manera efectiva a nadie, y menos aún al más vulnerable.

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Otro de los puntos centrales de su análisis fue la escasa consideración que el derecho de familia otorga a la familia extensiva. Bucci remarcó que, en contextos de conflicto grave entre progenitores —o incluso cuando ambos adultos están ausentes, privados de la libertad o fuera del país—, el Estado suele asumir el control del niño a través de organismos como la SENAF, dejando al margen a abuelos, tíos u otros familiares que podrían garantizar un cuidado efectivo y afectivo mientras se resuelven las situaciones de fondo.

Para la letrada, este esquema convierte a los niños en rehenes de conflictos ajenos y de decisiones estatales, debilitando el estado de derecho y desprotegiendo aquello que las normas dicen priorizar. En su reflexión final, llamó a recuperar los principios fundantes del derecho de familia y a reordenar las prioridades del sistema judicial para que la protección de la infancia deje de ser un enunciado y se transforme en una realidad concreta.