El plan de ajuste en el INTA: privatización de tierras y revisión de recursos

La nueva administración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), encabezada por Nicolás Bronzovich, está implementando un plan de ajuste que podría transformar de manera significativa la estructura del organismo. A partir de 2024, se prevé la eliminación de más de mil puestos de trabajo, así como una revisión de los gastos operativos en áreas como combustible, viáticos y telefonía. Estas medidas forman parte de un enfoque más amplio que busca optimizar el funcionamiento del INTA en el contexto de las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Uno de los puntos más controversiales del plan es la propuesta de «disponibilizar» un total de 27.000 hectáreas de tierras que el INTA posee en más de 20 estaciones experimentales ubicadas en distintas provincias del país. Este plan es impulsado por la Administración de Bienes del Estado (AABE), que tiene como objetivo poner estas tierras en manos del sector privado, a través de su venta o concesión para su explotación agropecuaria.

De acuerdo con el plan, las tierras del INTA pasarían a ser gestionadas por la AABE, lo que significaría que el instituto perdería el control directo sobre estos terrenos. En lugar de destinar lo recaudado a la reinversión dentro del INTA, el dinero generado por la venta o concesión de estos campos sería absorbido por el Tesoro Nacional. La decisión forma parte de un proceso más amplio de ajuste fiscal y optimización de los recursos del Estado.

En una primera etapa, el plan abarca 22 campos experimentales que suman un total de 30.874 hectáreas, de las cuales se prevé que aproximadamente el 87,5%, es decir, 27.019 hectáreas, serán puestas a disposición de la AABE para su venta o concesión. Entre los campos afectados se incluyen algunos de los más conocidos, como los de Balcarce, Pergamino, Concepción del Uruguay, Rafaela y Anguil. También se contempla la venta del edificio que el INTA posee en Esquel, Chubut.

El plan se detalla en un documento interno del INTA que establece el procedimiento para la venta de estos campos a través de subastas públicas o concesiones de uso por plazos determinados, especialmente para los campos de menor tamaño. Según lo estipulado, las primeras subastas podrían comenzar a partir de 2025, con el objetivo de completar el proceso de transferencia a manos privadas en los próximos años.

En total, el proyecto afectaría no solo a las tierras mencionadas, sino también a un número adicional de campos que podrían ser incorporados al plan en etapas posteriores, alcanzando una superficie cercana a las 100.000 hectáreas. Este proceso de privatización y concesión ha generado una serie de cuestionamientos, principalmente sobre las implicancias para la investigación científica y la producción agropecuaria que realiza el INTA en sus estaciones experimentales.

Aunque aún no se ha establecido un valor definitivo para los terrenos involucrados, el proceso de privatización podría resultar atractivo para los actores privados interesados en la adquisición de tierras productivas, ya que algunos de los campos que se ponen en venta se encuentran en zonas con alto potencial agropecuario.

Este plan de ajuste, que también incluye recortes en el personal y una revisión de los gastos operativos, está orientado a reducir los costos y mejorar la eficiencia del INTA en el marco de la política económica del gobierno. Sin embargo, la decisión de poner a disposición grandes áreas de tierras productivas plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo en la capacidad del INTA para seguir cumpliendo con su misión de investigación y desarrollo agropecuario en el país.

El futuro del INTA dependerá en gran medida de la implementación de este plan, que, en su primera etapa, busca transformar la estructura del instituto, reduciendo costos y modificando la gestión de sus recursos, especialmente en lo que respecta a la tierra y el patrimonio inmobiliario del organismo.