El Polo de la Mujer en Córdoba corrupción, manipulación judicial y el negocio de las denuncias falsas

El Polo de la Mujer en Córdoba, concebido como un organismo de asistencia y protección, ha quedado en el ojo de la tormenta debido a las graves denuncias de corrupción, manipulación judicial y malversación de fondos de un tiempo a esta parte. Lejos de ser una institución que prioriza la ayuda a las víctimas reales de violencia, se ha transformado en un engranaje clave dentro de un sistema que instrumentaliza la perspectiva de género para beneficiar a una casta política y judicial alineada con agendas progresistas.

El caso del Polo de la Mujer no es un hecho aislado. Se inscribe en una tendencia más amplia donde los derechos humanos son utilizados de manera sesgada, promoviendo una narrativa que excluye la presunción de inocencia en los casos de violencia de género y favorece la criminalización de miles de hombres inocentes a través de juicios abreviados que buscan engrosar estadísticas. Mientras tanto, los verdaderos flagelos, como la trata de menores, quedan relegados, permitiendo que enormes presupuestos sean absorbidos por una burocracia ineficiente y politizada.

Claudia Martínez un perfil marcado por la ideologización del poder

Claudia Roxana Martínez, exministra de la Mujer de Córdoba, ahora Secretaria de la Mujer de la Provincia de Córdoba, se ha convertido en una de las figuras más influyentes en la aplicación de las políticas de género en la provincia. Periodista y máster (como le gusta que le digan) en Acción Política, su carrera se ha cimentado en el activismo feminista dentro de estructuras estatales, desempeñándose como coordinadora de la lucha contra la violencia de género y posteriormente liderando la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas. Bajo su gestión, se creó el Polo Integral de la Mujer, el cual ha sido objeto de múltiples críticas por su ineficiencia y por el desmanejo de recursos públicos.

Desde su llegada al ministerio, Martínez ha promovido un enfoque radicalizado, donde la violencia de género es tratada de manera unilateral y sin margen para el disenso. Su gestión ha estado plagada de denuncias por precarización laboral dentro del Polo de la Mujer, donde muchas trabajadoras se ven obligadas a desempeñar sus funciones en condiciones indignas. Sin embargo, la ministra ha demostrado una habilidad política excepcional para sortear los cuestionamientos y consolidar su influencia, alineándose con una red de organizaciones afines al kirchnerismo que garantizan el flujo constante de fondos para el sostenimiento de estas estructuras.

Uno de los aspectos más alarmantes de la gestión de Martínez es el manejo discrecional de los millonarios presupuestos destinados a políticas de género. En 2016, la provincia de Córdoba destinó 239.530.000 pesos a programas con enfoque feminista, cifra que ascendió a 274.675.000 en 2017. Gran parte de estos recursos han sido desviados a organizaciones privadas sin control alguno, favoreciendo a entidades que responden directamente a la agenda progresista.

Mientras los fondos se dilapidan en estructuras ineficaces, problemas de extrema gravedad como la trata de menores quedan fuera del debate. En Argentina, 92 niños desaparecen por día, y la falta de un abordaje serio de esta problemática pone en evidencia el verdadero propósito de estas políticas: no se busca erradicar el delito, sino perpetuarlo bajo el paraguas de una agenda que garantiza impunidad a quienes lucran con el sufrimiento ajeno.

Además, las denuncias de corrupción de menores y su instrumentalización dentro de esta red estatal son preocupantes. Se ha documentado cómo niños y adolescentes son utilizados para engrosar estadísticas de abuso, generando así un número artificialmente inflado de casos que justifica la continuidad de estos programas. Mientras tanto, mujeres en situación de vulnerabilidad son captadas por estas estructuras y utilizadas como herramientas de un sistema que premia la denuncia sin pruebas por sobre la justicia real.

El negocio de las denuncias falsas y el sesgo judicial

Uno de los efectos más perversos de esta estructura es la criminalización masiva de hombres a través de juicios abreviados y sentencias arbitrarias. En cuestiones de género, la presunción de inocencia se ha convertido en una quimera, y el objetivo principal parece ser el de engrosar estadísticas a cualquier costo.

Las denuncias falsas no solo generan un problema de injusticia social, sino que también representan un negocio altamente lucrativo para jueces, fiscales y denunciantes. El proceso es simple: una denuncia sin pruebas puede desembocar en una condena rápida, que a su vez justifica la asignación de más recursos al Polo de la Mujer y a las entidades afines. En este contexto, el derecho de defensa de los acusados se ve sistemáticamente vulnerado, y la aplicación de justicia se transforma en una herramienta de adoctrinamiento y control social.

Cualquier voz que intente desafiar esta narrativa es objeto de persecución y censura. Medios alternativos como Nexus han denunciado acoso judicial y hostigamiento estatal por exponer la corrupción dentro del Polo de la Mujer. El gobierno provincial, lejos de garantizar la libertad de expresión, ha impulsado estrategias de intimidación y presión sobre periodistas críticos, generando un clima de miedo que impide el escrutinio público de estas irregularidades.

El mecanismo de censura se inicia con citaciones judiciales poco claras, seguidas por intimidaciones veladas y vigilancia encubierta. Este tipo de prácticas, típicas de regímenes autoritarios, buscan sofocar cualquier forma de disidencia y consolidar un monopolio informativo donde solo se difunde el discurso oficial. La libertad de prensa, piedra angular de cualquier democracia, se encuentra gravemente amenazada en Córdoba por un gobierno que confunde la crítica con la sedición.

El escándalo del Polo de la Mujer es solo una pieza dentro de un engranaje de corrupción estructural que involucra al poder político y judicial. La instrumentalización de la perspectiva de género ha permitido la consolidación de una mafia estatal que utiliza la lucha por los derechos de las mujeres como un escudo para el enriquecimiento ilícito y la consolidación de poder.

Mientras miles de hombres inocentes son condenados en procesos viciados y las verdaderas víctimas de violencia quedan sin protección, la maquinaria burocrática sigue expandiéndose, garantizando la continuidad de un modelo que premia la denuncia sin pruebas y castiga la disidencia. En este contexto, el verdadero desafío no es solo visibilizar estas injusticias, sino también exigir un cambio real que devuelva la justicia y la equidad al sistema judicial argentino.

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