La reciente propuesta de aumentar las penas para las falsas denuncias de violencia de género ha puesto nuevamente sobre la mesa un tema sensible: el abuso del sistema judicial. Sin embargo, lo más grave de esta situación no es el aumento de las penas, sino que el verdadero problema radica en el Poder Judicial, que no solo permite que estas denuncias falsas sigan ocurriendo, sino que, a través de su inacción y omisión, en muchos casos las alienta y promueve.
Las leyes para sancionar las denuncias falsas ya existen, pero no se aplican. El problema no es la falta de legislación, sino la falta de voluntad de los jueces y fiscales para investigar y castigar las denuncias evidentemente falsas. Esta omisión no solo deja a los inocentes desprotegidos, sino que envía un mensaje claro: hay impunidad para quienes mienten dentro de un sistema que debería garantizar la justicia. La falta de acción del Poder Judicial frente a estas denuncias constituye, en sí misma, una forma de aliento tácito hacia las falsas acusaciones, permitiendo que la mentira prolifere sin consecuencias.
Lo que debería ser una función del sistema judicial, la de garantizar que las denuncias sean verificadas y que los culpables de mentir sean castigados, se ha transformado en una extensión de la impunidad. Al no investigar adecuadamente las denuncias sospechosas, el Poder Judicial no solo deja desamparados a los inocentes, sino que perpetúa la desconfianza en el sistema de justicia. Además, contribuye a una cultura de impunidad donde la mentira se convierte en una herramienta poderosa para dañar a otros sin consecuencias.
El clamor de ciertos sectores por castigar a quienes hacen denuncias falsas refleja un problema de fondo mucho más profundo que una simple cuestión de leyes. El verdadero enemigo de la justicia es la complacencia del Poder Judicial, que al no aplicar la ley, crea un caldo de cultivo para que las falsas denuncias se mantengan en el tiempo. Mientras este sistema continúe favoreciendo la omisión, el castigo a la mentira será solo un parches sobre una herida mucho más profunda que afecta la credibilidad y eficacia de la justicia misma.
Este fenómeno no es un error aislado, es un reflejo del desprestigio del sistema judicial que, al no asumir su responsabilidad, termina por convalidar la injusticia. Si realmente queremos que las denuncias falsas no queden impunes, lo primero que debe cambiar es la actitud de quienes están encargados de hacer cumplir la ley. De nada sirve aumentar las penas si quienes deben aplicar la justicia siguen alimentando la impunidad con su inacción.
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