El riesgo país es uno de los indicadores financieros más observados por los mercados porque refleja la confianza —o desconfianza— de los inversores sobre la capacidad de un Estado para cumplir con el pago de su deuda. En términos técnicos, mide la sobretasa de interés que un país debe pagar para financiarse en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados el activo más seguro del mundo.

Este índice es elaborado diariamente por el banco JP Morgan a través del EMBI (Emerging Markets Bond Index). Su cálculo surge de comparar el rendimiento de los bonos soberanos de cada país con el de los títulos estadounidenses. La diferencia se expresa en puntos básicos: 100 puntos equivalen a 1 punto porcentual adicional de interés. Así, un riesgo país de 1.400 puntos implica que esa nación debe pagar un 14% más que Estados Unidos para acceder al crédito.
El indicador se mueve de forma constante según el comportamiento del mercado de bonos. Cuando los inversores venden títulos por temor a un incumplimiento, el precio de esos bonos cae, sube la tasa que rinden y el riesgo país aumenta automáticamente. Por eso, suele definirse como un verdadero termómetro de la economía: cuando sube, señala que la “salud” financiera del país está en duda y que el acceso al crédito se encarece.
Entre los factores que influyen en su nivel se destacan la estabilidad política e institucional, la solvencia fiscal, el nivel de deuda, la disponibilidad de reservas en el Banco Central y la evolución de variables clave como la inflación y el crecimiento económico. A esto se suman elementos externos, como crisis internacionales o cambios en el contexto financiero global, que suelen impactar con mayor fuerza en los países emergentes.
En el caso argentino, el historial del riesgo país está marcado por una fuerte volatilidad. El máximo histórico se registró en agosto de 2002, cuando superó los 7.200 puntos tras el default y la salida de la convertibilidad. El mínimo se alcanzó en enero de 2007, con apenas 184 puntos, en un contexto de fuerte crecimiento económico y altos precios internacionales de los commodities. Entre 2000 y 2021, el promedio del indicador fue de 1.614 puntos, reflejando una prima de riesgo persistentemente elevada.
Durante la gestión de Mauricio Macri, el riesgo país llegó a caer por debajo de los 350 puntos en 2017, pero se disparó nuevamente tras la crisis cambiaria de 2018 y las elecciones primarias de 2019, superando los 2.500 puntos. Con Alberto Fernández, el índice alcanzó los 4.500 puntos durante la pandemia y luego se mantuvo en niveles altos pese a la reestructuración de la deuda.
Con la llegada de Javier Milei al gobierno, el indicador logró una fuerte baja y llegó a perforar los 600 puntos a comienzos de 2025, el nivel más bajo desde 2018. Sin embargo, en el transcurso de 2025 y principios de 2026 volvió a mostrar rebotes importantes, superando los 1.400 puntos, en un contexto de incertidumbre política, demoras en la aprobación de reformas clave, dudas sobre la acumulación de reservas y vencimientos de deuda en dólares.
En la comparación regional, Argentina se mantiene entre los países con mayor riesgo país del mundo, solo superada por Venezuela. Mientras el promedio global ronda los 300 puntos, países como Chile o Uruguay exhiben niveles cercanos a los 100 o 150 puntos, lo que les permite financiarse a tasas mucho más bajas.
Los especialistas coinciden en que reducir el riesgo país es una condición indispensable para atraer inversiones y volver a acceder al crédito internacional. Para lograrlo, es clave sostener el equilibrio fiscal, controlar la inflación, fortalecer las reservas, garantizar seguridad jurídica y construir consensos políticos que aporten previsibilidad. Solo con un riesgo país en niveles cercanos a los 500 o 700 puntos, Argentina podría aspirar a un crecimiento económico sostenido y a un regreso pleno a los mercados internacionales.
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