Empresas imputadas en Córdoba por cargos indebidos en facturas de servicios

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Comercio Interior, ha iniciado un proceso judicial contra diversas empresas en Córdoba por incluir tasas y cargos no autorizados en las facturas de servicios, en incumplimiento de la Resolución 267/2024. Esta resolución prohíbe la inclusión de conceptos indebidos en las liquidaciones de servicios a los usuarios, como parte de un esfuerzo por proteger los derechos de los consumidores y asegurar la transparencia en las tarifas.

Aunque la lista completa de las empresas imputadas a nivel nacional aún no ha sido divulgada oficialmente, fuentes del Ministerio de Comercio Interior confirmaron que, en Córdoba, al menos 10 empresas locales fueron identificadas en el marco de este operativo de fiscalización. Estas compañías abarcan distintos sectores, entre ellos telecomunicaciones, energía y agua, los cuales afectan a miles de consumidores en la provincia.

Empresas implicadas

Si bien no se han revelado públicamente los nombres de todas las empresas imputadas, algunas de las más destacadas que podrían estar involucradas en el caso en Córdoba incluyen:

• Empresas de telecomunicaciones: se ha detectado que algunas de las compañías de telefonía fija y móvil, así como los proveedores de internet, habrían incluido cargos adicionales como «seguro de equipos», «mantenimiento» o «servicios extras» no solicitados por los usuarios.
• Distribuidoras de energía eléctrica y gas: algunas distribuidoras habrían sumado conceptos adicionales no previstos en los contratos, como «cargos por infraestructura», «ajustes por tarifas» y «comisiones de gestión».
• Servicios de agua y cloacas: aunque en menor medida, algunas prestadoras de servicios de agua potable habrían incluido conceptos como «mantenimiento de caños» o «contribuciones por infraestructura» que no están permitidos según la normativa vigente.

El proceso judicial y las sanciones

Las autoridades de la Secretaría de Comercio Interior confirmaron que las empresas imputadas en Córdoba tendrán un plazo para presentar su defensa, a fin de justificar los cargos adicionales incluidos en las facturas. De no poder demostrar que estos cobros son legales y autorizados, las compañías podrían enfrentar sanciones económicas severas, que incluyen multas y la obligación de devolver los montos cobrados en exceso.

Además, se advirtió que las empresas que continúen con prácticas de facturación indebida podrían enfrentar la suspensión de licencias o, en casos más graves, acciones judiciales adicionales.

Repercusiones para los consumidores cordobeses

El impacto en los usuarios de Córdoba ha sido considerable, ya que muchas personas han expresado su malestar por los cargos inesperados en sus facturas, los cuales a menudo no fueron aclarados en el momento de la contratación. Desde las organizaciones de defensa del consumidor de la provincia, se ha elogiado la medida del Gobierno, considerando que ayudará a poner fin a los abusos en la facturación y a restaurar la confianza de los consumidores en el sistema de servicios.

Fernando Carrión, titular de la Asociación de Defensa del Consumidor de Córdoba (ADEC), destacó que “este tipo de medidas son fundamentales para evitar que las empresas se aprovechen de los usuarios y para asegurar que los consumidores reciban únicamente lo que tienen derecho a pagar por los servicios contratados”.

Medidas de control y próximos pasos

El Gobierno también ha asegurado que se continuará con un estricto control sobre las facturaciones de todos los servicios públicos y privados en el país, con especial énfasis en las provincias donde se hayan detectado irregularidades. Además, se están estableciendo protocolos de auditoría más rigurosos para prevenir futuros abusos y garantizar la transparencia en las liquidaciones.

En paralelo, se está trabajando en una campaña de concientización para informar a los consumidores sobre sus derechos y cómo pueden presentar reclamaciones en caso de detectar cargos indebidos en sus facturas. Las autoridades provinciales también han manifestado su disposición a colaborar en los procedimientos de fiscalización para garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger los derechos de los usuarios en todo el territorio de Córdoba.