Un anexo publicado en el Boletín Oficial con expresiones como «idiota», «imbécil» y «débil mental» ha provocado un fuerte escándalo en el ámbito de la salud mental. El contenido del documento fue cuestionado por su lenguaje discriminatorio y obsoleto, lo que derivó en la remoción de Miriam Améndola, quien iba a asumir como coordinadora de Fiscalización Médica en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La publicación, que incluía términos considerados inadecuados y estigmatizantes, fue vista como un grave error por parte de la agencia. La situación se hizo pública luego de que se anunciara que Améndola reemplazaría a Tatiana Alvarado, funcionaria responsable de la redacción del polémico documento. Sin embargo, antes de la publicación del anexo, Alvarado había dejado su cargo, lo que dejó a Améndola en una posición comprometida.
El director de ANDIS, Diego Spagnuolo, reconoció el error y señaló que las expresiones contenidas en la resolución representaban «terminología obsoleta» que no se ajusta a los estándares actuales de respeto hacia las personas con discapacidad. A su vez, destacó que se tomarán medidas para actualizar el lenguaje institucional y cumplir con los principios de inclusión y respeto. Spagnuolo también anunció que se inició una investigación interna para determinar los responsables de la publicación del anexo y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
A raíz de este escándalo, diversos sectores opinaron sobre lo ocurrido. Mientras algunos funcionarios cercanos al oficialismo sugirieron que el incidente podría haber sido producto de una maniobra interna de sabotaje, la situación sigue siendo objeto de debate y reflexión sobre cómo las instituciones deben manejar el lenguaje relacionado con la discapacidad y la salud mental en el país.
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