En un fin de semana de agitación para el gobierno nacional, la oposición, encabezada por el bloque de Diputados de Unión por la Patria (UP), decidió avanzar con la presentación de un juicio político contra el presidente Javier Milei, tras el escándalo generado por su promoción de una criptomoneda en sus redes sociales. El mandatario también enfrenta una denuncia penal por su participación en el caso $LIBRA, que afectó a alrededor de 40.000 usuarios con pérdidas millonarias.
El viernes por la noche, Milei promocionó un token denominado $LIBRA con el objetivo de «incentivar inversiones y financiar a emprendedores». Sin embargo, el respaldo del presidente a esta criptomoneda generó un colapso inesperado en su valor, lo que causó pérdidas económicas considerables a los inversionistas. Horas después, el presidente admitió haber publicado el mensaje, pero aseguró que «no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto» y decidió eliminar la publicación al percatarse del impacto negativo que generó.
El escándalo rápidamente escaló en la política argentina, con dirigentes de diversas fuerzas, como Cristina Fernández, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Martín Lousteau (UCR), Elisa Carrió, y los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja), responsabilizando a Milei por el colapso de $LIBRA.
La bancada de Unión por la Patria emitió un comunicado en el que anunciaron que avanzarán con el pedido de juicio político, argumentando que la participación de Milei en lo que calificaron como «un delito de estafa cripto» es de «enorme gravedad». En las próximas horas, el bloque formalizará la presentación ante la Comisión Permanente de Juicio Político de la Cámara de Diputados. En caso de que los diputados aprueben el pedido, el proceso continuará en el Senado, donde también será necesario reunir dos tercios de los votos para la destitución del presidente.
Aunque la oposición considera urgente avanzar con la acusación, la Casa Rosada no muestra preocupación por la amenaza de juicio político. Desde el oficialismo, se aseguró que el presidente reconoció su error, dio explicaciones y tomó medidas para rectificar la situación. El diputado Diego Santilli (PRO) fue categórico en defender al presidente, destacando que «el presidente no se escondió» y subrayando la necesidad de una investigación profunda sobre el caso.
La controversia también ha llevado al PRO a manifestar su preocupación por el impacto de este escándalo en la credibilidad de Argentina. En un comunicado, el partido amarillo expresó su preocupación por los hechos ocurridos y solicitó al gobierno una «investigación profunda». Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó con firmeza la propuesta de juicio político, calificando las repercusiones del caso como «exageradas» y como un intento de «bajar al presidente de un hondazo».
El presidente de la juventud radical, Agustín Rombolá, también adelantó que presentará una denuncia penal contra Milei, sumándose a las acciones legales contra el mandatario. La primera denuncia penal fue presentada por un grupo de abogados y economistas, quienes acusaron a Milei de ser partícipe necesario en una «megaestafa» a través de criptomonedas. Según la denuncia, el presidente habría formado parte de una «asociación ilícita» que organizó el proyecto $LIBRA y que, además, promocionó la criptomoneda para darla «confiabilidad y respaldo».
La repercusión del caso $LIBRA ha cruzado las fronteras de Argentina, generando titulares en medios internacionales. El influyente diario The New York Times publicó un artículo titulado «Líder argentino genera críticas tras el colapso de la criptomoneda que promovió», en el que se aborda la controversia política y económica generada por la fallida criptomoneda respaldada por Milei.
Mientras el escándalo sigue desarrollándose, las tensiones políticas continúan en aumento, con la oposición decidida a llevar al presidente ante un juicio político, mientras que el oficialismo se mantiene firme en defender la actuación de Milei en este polémico asunto.
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