El gobierno de Estados Unidos cumplió con su promesa de apoyar a la Argentina en su conflicto legal con el fondo de inversión Burford Capital. En un giro crucial para la causa que involucra la reestatización de YPF, la administración de Joe Biden presentó un escrito ante el tribunal del Distrito Sur de Manhattan, en el que pidió a la jueza Loretta Preska que no autorice el embargo de acciones de la petrolera estatal, propiedad mayoritaria del Estado argentino.
Este litigio, que se remonta a la expropiación de YPF en 2012, enfrenta a la Argentina con Burford Capital y Eton Park, quienes exigen una compensación de más de 16.000 millones de dólares por los daños ocasionados a los accionistas minoritarios, principalmente el grupo español Repsol, que perdió el control de la petrolera a manos del Estado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El reciente escrito de la administración Biden se enmarca dentro del rol de «amicus curiae» (amigos de la corte) que Estados Unidos asumió en este caso, y que ha sido clave para frenar el avance del reclamo de Burford. El fondo ha solicitado desde marzo que se embarguen los activos de Argentina en el extranjero, incluidos los de YPF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y otras entidades, como garantía de cumplimiento del fallo que le fue favorable en primera instancia.
En su intervención, el gobierno de Estados Unidos argumentó que las empresas bajo control estatal, como YPF, deben considerarse como entidades legales independientes, a pesar de que el gobierno argentino posea una participación mayoritaria. Este concepto, denominado “Alter Ego”, es fundamental en la estrategia de Burford, que sostiene que las acciones de YPF deben ser tratadas como parte de los bienes del Estado argentino y, por ende, embargables para garantizar el pago de la deuda.
La clave de las declaraciones de Kicillof
La situación se complicó aún más después de que Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Economía durante la reestatización de YPF, hiciera declaraciones que refuerzan la postura de Burford. Kicillof sugirió que las decisiones de YPF, como la reciente elección de un puerto en Río Negro para un proyecto energético, fueron influenciadas directamente por el presidente Javier Milei. Este comentario fue interpretado por los abogados de Burford como una prueba de que YPF es, de hecho, una entidad manejada por el poder ejecutivo argentino, lo que la hace susceptible de ser embargada.
Aunque YPF ha argumentado que es una empresa privada cotizante en los mercados de Buenos Aires y Nueva York, con muchos accionistas privados además del Estado, el tribunal de Preska debe decidir si la empresa puede ser considerada como un «Alter Ego» del Estado. Si la jueza determina que la gestión de YPF está suficientemente vinculada al gobierno de turno, la petrolera podría ser vista como un bien del Estado, lo que abriría la puerta a un embargo de sus acciones.
La postura de Argentina
Frente a esta amenaza, el gobierno argentino ha defendido la independencia de YPF, argumentando que la ley nacional impide que las acciones de la empresa sean tratadas como bienes del Estado para efectos de embargo. Además, los abogados del país sostienen que cualquier transferencia de acciones debería ser aprobada por el Congreso Nacional, un proceso que, en la práctica, sería casi imposible bajo la actual configuración política.
Por otro lado, los demandantes insisten en que la renacionalización de YPF en 2012 fue un acto que afectó a los derechos de los accionistas privados, como Repsol, y que el gobierno argentino debe ser responsabilizado por esos daños. En este contexto, la apelación de Argentina sigue su curso en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que deberá resolver el reclamo de Burford, mientras tanto, la incertidumbre sobre los activos de YPF y otros bienes estatales persiste.
Próximos pasos
La jueza Loretta Preska tiene por delante una decisión crucial que podría reconfigurar el futuro de las relaciones comerciales de Argentina con los inversores internacionales. El tribunal deberá evaluar si acepta o no la solicitud de Burford de embargar activos argentinos, en un proceso que podría extenderse hasta bien entrado 2025, mientras el país continúa su defensa en los tribunales de Nueva York.
Con la intervención de Estados Unidos y el futuro de YPF en juego, la decisión judicial en las próximas semanas será determinante para la administración de Javier Milei, que se enfrenta a una encrucijada legal y económica de gran impacto para la política energética y financiera del país.
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