La Justicia cordobesa avanza en la investigación por una serie de falsas amenazas de bomba registradas en distintos puntos de la ciudad. Las causas, radicadas en dos fiscalías de instrucción, buscan esclarecer los hechos ocurridos el 25 de agosto (en la Catedral de Córdoba), el 26 de agosto (Museo del Cuarteto), y los días 19, 23 y 26 de septiembre en la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó”.
En el marco de las investigaciones, personal de la División Antiterrorista de la Dirección General de Investigaciones Criminales llevó a cabo varios allanamientos que culminaron con el secuestro de cuatro teléfonos celulares, elementos que serán peritados para avanzar en la identificación de los presuntos responsables.
De acuerdo con el Código Penal Argentino, estos hechos podrían ser encuadrados bajo las figuras de “intimidación pública” (artículo 211), con penas de dos a seis años de prisión, y “entorpecimiento de servicios públicos” (artículo 194), que prevé de tres meses a dos años de prisión, según la gravedad de cada caso.
Además de las consecuencias penales, las amenazas falsas también implican responsabilidad civil. Según el artículo 1109 del Código Civil y Comercial de la Nación, quien cause un daño con culpa o dolo debe repararlo. En estos casos, el Estado —provincial o nacional— es el principal afectado, y el autor del hecho (o sus padres, si se trata de un menor de edad) deberá responder económicamente por los costos generados.
Un informe del Departamento Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba revela que cada operativo ante una amenaza de bomba demanda una movilización de recursos humanos, materiales y logísticos que representa una erogación promedio de $17.567.864 por operativo.
Las autoridades insisten en que estas acciones no son “bromas” ni “juegos”, sino delitos graves que implican pérdidas millonarias, movilizan equipos de emergencia y ponen en riesgo la seguridad pública.
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