El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este lunes el envío a juicio oral de Eduardo Belliboni, líder del Partido Obrero (PO), en el marco de la causa que investiga presuntos delitos vinculados al programa Potenciar Trabajo. Belliboni está acusado de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión». Esta solicitud fue realizada a partir de la conclusión de una parte de la investigación liderada por el juez federal Sebastián Casanello, quien ahora ha dado inicio al proceso judicial, dando vista a las partes involucradas para que formulen su postura sobre el juicio.
Según el requerimiento del fiscal, Belliboni habría liderado un «sistema extorsivo» con el fin de «controlar y manejar», en lo que se denominó públicamente un “gerenciamiento”, a miles de personas beneficiarias de programas sociales a lo largo del país. El objetivo de esta presunta «organización criminal» era, según la Fiscalía, obtener lucro indebido y consolidar un esquema de poder, abusando de la vulnerabilidad de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.
El fiscal señaló que los acusados habrían utilizado su posición de poder para «torcer la voluntad» de los beneficiarios del programa, mediante amenazas e intimidaciones, tales como la privación de acceso a “un plato de comida o de su único medio de subsistencia”.
La investigación fue iniciada por una denuncia del Gobierno de Javier Milei, a raíz de llamadas anónimas que alertaban sobre presiones para forzar la participación de los beneficiarios en marchas o piquetes. Además, se detectó la apropiación de fondos destinados a los beneficiarios de planes sociales, mediante facturación apócrifa para simular gastos.
La fiscalía describió un «esquema extorsivo-coactivo» en el que los beneficiarios del programa se veían obligados a «entregar» parte de la ayuda estatal y también participar en las «actividades políticas» del Partido Obrero. Según el dictamen de más de 279 páginas, este sistema de manipulación habría afectado principalmente a sectores vulnerables de la sociedad, quienes, debido a sus necesidades, fueron sometidos a este tipo de presiones.
Además de Belliboni, el juez Sebastián Casanello procesó a otros 16 imputados, con decisiones que ya han sido confirmadas por la Cámara Federal porteña. En paralelo, el Juzgado de Casanello sigue investigando el rol de varios funcionarios nacionales en los hechos que se están investigando.
La Fiscalía señaló que hubo una «matriz delictiva» que aprovechó las necesidades de un amplio sector social vulnerable para ejercer poder de forma ilegítima sobre las personas, con el fin de manejarlas de acuerdo a intereses políticos y económicos, apropiándose de fondos públicos y perjudicando a las víctimas al impedirles acceder a un mejor futuro.
En el requerimiento se deja claro que los acusados habrían defraudado al Estado a través de la apropiación indebida de millonarios fondos públicos destinados a subsidios para la agrupación Polo Obrero. Este caso será parte del juicio oral que se llevará a cabo en el futuro.
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