Gobierno de Milei pide “salto de instancia” para resolver prohibición de García-Mansilla

El gobierno de Javier Milei presentó un pedido de “per saltum” ante la Corte Suprema para resolver rápidamente la prohibición impuesta a García-Mansilla para firmar resoluciones judiciales.

A última hora de este sábado, el gobierno de Javier Milei presentó un pedido de «salto de instancia» o «per saltum» ante la Corte Suprema, solicitando que se resuelva con urgencia la prohibición impuesta al académico Manuel García-Mansilla para firmar resoluciones judiciales y administrativas en su rol como miembro del máximo tribunal, por un período de 90 días. La decisión fue tomada después de que el juez federal Alejo Ramos Padilla dictara la medida que afecta al magistrado, quien había sido recientemente nombrado.

El pasado jueves, cuando el Senado rechazó el tratamiento de los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo, desde Casa Rosada se adelantó que se recurriría bajo esta instancia, buscando que la Corte resuelva el asunto rápidamente. En estos momentos, García-Mansilla se encuentra entre la disyuntiva de renunciar a su puesto o consultar con el resto de los ministros sobre cómo proceder.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, instan a García-Mansilla a que no dimita de su cargo en la Corte, ya que, a pesar del rechazo del Senado, el académico aún puede continuar en el tribunal hasta el 30 de noviembre de 2025, al finalizar el periodo legislativo correspondiente.

García-Mansilla ha manifestado que la única forma en la que puede ser removido de la Corte es mediante un juicio político. En ese sentido, calificó la acción colectiva presentada por la Asociación Civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) como inadmisible y criticó al juez Ramos Padilla, señalando que “no tiene jurisdicción para entender en la causa”.

Uno de los puntos clave de la controversia radica en el cuestionamiento a la intervención del juez en la materia, aunque García-Mansilla podría apelar a un tema de territorialidad. Es que tanto la firma del decreto ejecutivo que lo nombró como miembro de la Corte como su posterior jura ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires y no en La Plata, lo que podría generar un debate sobre la competencia territorial del juez.

De prosperar el “per saltum”, la decisión final recaerá en la Corte Suprema, que no tiene plazos establecidos para resolver el recurso. Sin embargo, se espera que García-Mansilla decida apartarse de la intervención en el caso, y sean Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz y Ricardo Lorenzetti quienes determinen si corresponde o no desestimar la medida cautelar y el amparo colectivo presentado.

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