El Gobierno ha dado luz verde a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para llevar a cabo auditorías en las Universidades Nacionales, un proceso que comenzará la próxima semana en la Universidad de La Matanza. Miguel Blanco, director de SIGEN, adelantó que estas auditorías buscan asegurar el uso adecuado de los fondos públicos destinados a las instituciones educativas.
“En el caso de la UBA, se iniciará por las facultades que reciben mayores montos de fondos y convenios, dado que cada facultad gestiona su parte del presupuesto de manera independiente”, explicó Blanco, anticipando el enfoque específico que tendrán en esta emblemática universidad.
El anuncio de la SIGEN destaca un «nuevo paradigma» en la gestión de recursos, señalando que la entidad está reestructurando su equipo de trabajo para retomar estas auditorías. Según Blanco, la SIGEN ya había realizado auditorías previas hasta un dictamen en 2022, y ahora se centrará en el control del uso de los fondos públicos recibidos por las universidades.
Los fondos auditados provienen principalmente de dos fuentes: el presupuesto nacional, canalizado a través del Tesoro, y los convenios de trabajo con diversas reparticiones gubernamentales. “Ambos tipos de recursos serán auditados, especialmente en lo que respecta a su uso y si las universidades subcontratan servicios en lugar de realizarlos con sus propios recursos”, aclaró el síndico.
Blanco también mencionó que el proceso de auditoría incluirá una revisión del sistema de control interno de cada universidad, analizando los procesos y controles que se llevan a cabo en cada repartición. “Nuestro trabajo no abarca la autonomía universitaria. Nos enfocamos exclusivamente en el uso de los recursos públicos”, afirmó.
La Universidad de La Matanza será la primera en ser auditada, y se espera que los primeros informes estén disponibles en un plazo de uno a dos meses, dependiendo del volumen de trabajo. “Los informes serán públicos y podrán solicitarse a través de la web de SIGEN. También estamos considerando publicar algunos de los informes directamente en la página, como hicimos con los fondos fiduciarios este año”, añadió.
En caso de detectar irregularidades graves, como indicios de corrupción, la SIGEN tiene el compromiso de derivar estos casos a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía. “Nuestro rol no es hacer denuncias judiciales, pero sí canalizar la información para que se investigue en profundidad”, concluyó Blanco, quien confía en que se reconozca la importancia de estos controles en la búsqueda de la transparencia en el uso de los recursos públicos.
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