La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga un escandaloso desfalco en varias municipalidades de Tucumán, Salta y Catamarca, en el que se habrían extraído $45 mil millones de las arcas públicas municipales. Las denuncias recibidas por la UIF, provenientes de bancos de todo el país, alertan sobre extracciones sospechosas por parte de empleados municipales, las cuales no tendrían justificación alguna. Se sospecha que estos fondos fueron utilizados para financiar campañas electorales durante las elecciones de 2023.
El caso más resonante se registró en la ciudad de La Banda del Río Salí, ubicada en Tucumán, la segunda más poblada de la provincia. Entre enero de 2023 y junio de 2024, se detectaron extracciones por más de $17 mil millones desde las ventanillas del Banco Macro, sin ninguna justificación válida. Esta operatoria fue identificada como «cheque por ventanilla» y fue alertada por las autoridades bancarias, que notificaron a la UIF conforme a la ley antilavado.
Ante la magnitud de los reportes recibidos por la UIF, especialmente de las provincias mencionadas, el organismo decidió remitir la información a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La fiscalía especializada en estos casos advirtió que las extracciones sospechosas podrían superar los $45 mil millones, con un incremento notable en los retiros hacia las elecciones presidenciales de 2023. A partir de 2024, las extracciones comenzaron a disminuir, lo que refuerza la hipótesis de que los fondos habrían sido desviados para financiar la campaña electoral.
La denuncia ante la Cámara Nacional Electoral
El 30 de diciembre de 2023, la Procelac presentó una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral, bajo la sospecha de que estos fondos fueron utilizados para financiar la campaña electoral. La investigación se lleva adelante de manera descentralizada, con un enfoque específico en los distritos más comprometidos, como los de Tucumán, Salta y Catamarca.
El caso de La Banda del Río Salí
El municipio tucumano de La Banda del Río Salí se destaca por la magnitud de las extracciones sospechosas, que alcanzaron los $17.256.585.514 en un año y medio. Este monto representa casi el 40% de los $45 mil millones desviados en todo el país. La localidad está gobernada por el intendente Gonzalo Monteros, hijo del ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, y figura política cercana al gobernador Osvaldo Jaldo, quien ha buscado alinearse con la gestión de Javier Milei.
Según el informe de la UIF, las operaciones detectadas permiten inferir maniobras de corrupción por parte de funcionarios públicos, empleados municipales, intendentes y responsables de las cuentas bancarias de los municipios. Las denuncias podrían derivar en una investigación más profunda que ponga en alerta a las autoridades políticas de los municipios involucrados.
El impacto político y las implicancias judiciales
Este desfalco representa una de las mayores investigaciones de corrupción vinculada al financiamiento electoral en los últimos años. A medida que avanza la pesquisa, podría tener implicancias de gran alcance tanto en el ámbito político como judicial. El caso ha puesto en el centro de la escena la transparencia en la gestión de los recursos públicos y la necesidad de reforzar los mecanismos de control en todos los niveles del Estado.
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