Juicio Político al Tribunal Superior de Justicia: El caso de Sesín, Angulo y Cáceres de Bolatti

La controversia generada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha escalado hasta convertirse en un pedido de juicio político contra los jueces Sesín, Angulo y Cáceres de Bolatti. La razón que motiva esta acción es la violación de la ley que impide al TSJ intervenir en juicios que no tengan una sentencia definitiva o causen un gravamen irreparable, situación que, según se argumenta, ocurrió en un caso clave que involucra una deuda de más de 1 millón de dólares.

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Los Hechos: Un Juicio Ejecutivo por Más de 1 Millón de Dólares

El conflicto se originó en un juicio ejecutivo por una deuda superior a 1 millón de dólares, donde Luis Tomás González demandó a la empresa TVF S.A. y a la Dra. Teresa Panetta y sus hijos, Garade Panetta, como garantes de la misma. La disputa central giraba en torno a si el proceso había prescrito debido a la falta de actividad del demandante, lo que podría haber invalidado el cobro de la deuda.

El juez de primera instancia y una cámara de apelaciones habían rechazado la solicitud de la defensa de Panetta y Garade Panetta de que se declarara la perención de la instancia, lo que habría detenido el juicio. Sin embargo, tras un rechazo en casación, el caso llegó al TSJ, donde la Sala Civil decidió intervenir.

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La Controversia: Violación de la Ley y Error Inexcusable

La Sala Civil del TSJ abrió la casación y, a pesar de estar prohibidos por ley de resolver casos que no tengan una sentencia definitiva, decidió meterse en el fondo del asunto, desoyendo las resoluciones previas de los tribunales inferiores. De acuerdo con el legislador Rodrigo Agrelo, este acto constituye un «error inexcusable al fallar», una falta que no se trata de un simple desacierto judicial, sino de una intervención sin justificación legal.

El Código de Procedimientos Civiles establece que el TSJ solo puede actuar en casos donde la sentencia de segunda instancia sea firme o cause un gravamen irreparable, pero en este caso, la resolución no cumplía con esos requisitos. Además, en caso de que la familia Garade Panetta hubiera perdido el juicio ejecutivo, podría haber iniciado un «juicio ordinario» con más pruebas, por lo que no se justificaba la intervención del TSJ.

La Consecuencia: Un Millón de Dólares a Favor de los Demandados

La decisión del TSJ benefició directamente a la familia Garade Panetta al abrirles la posibilidad de seguir el proceso judicial en sus términos, favoreciéndolos con la no ejecución de la deuda de más de 1 millón de dólares. Este giro inesperado ha generado críticas por parte de los legisladores, que acusan un manejo arbitrario y un claro desajuste en la aplicación de la ley.

Además, la Sala Civil del TSJ ha reconocido que esta resolución fue un «criterio excepcional», que no forma parte de su jurisprudencia habitual. Esto ha generado más dudas sobre la equidad y coherencia de la actuación del TSJ en este caso.

Pedido de Juicio Político y Suspensión de los Jueces

El legislador Agrelo, en representación del partido Encuentro Vecinal, ha solicitado la suspensión de los tres jueces involucrados en la Sala Civil del TSJ, argumentando que la gravedad de la situación justifica que no permanezcan en sus cargos mientras dure el proceso de juicio político. Esta solicitud busca evitar que se repita un caso similar en el futuro.

El caso también ha planteado una posible contingencia económica para la provincia, ya que otros litigantes podrían demandar al Estado por «mala praxis judicial» y exigir una compensación económica por los perjuicios causados por las decisiones del TSJ.

La Apuesta por la Justicia y la Transparencia

La resolución de este conflicto podría sentar un precedente importante en la lucha por la transparencia y la correcta aplicación de la ley en los tribunales de justicia. El juicio político a los jueces de la Sala Civil del TSJ está en curso, y la sociedad y la política provincial esperan respuestas claras sobre el manejo de este y otros casos similares.