28 de noviembre de 2024 – La investigación sobre el intento de golpe de Estado y asesinato contra el presidente brasileño Lula da Silva dio un nuevo giro esta semana, luego de que la Corte Suprema de Brasil desclasificara un informe de la Policía Federal. En este documento, el expresidente Jair Bolsonaro y otras 36 personas, entre ellas el argentino Fernando Cerimedo, son señaladas como implicadas en un complot para derrocar al mandatario brasileño.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!El informe, de 884 páginas, detalla cómo el exasesor de comunicación del presidente Javier Milei durante la campaña electoral de 2023, Cerimedo, fue uno de los actores clave en la difusión de desinformación relacionada con el proceso electoral brasileño. La Policía lo acusa de contribuir a sembrar dudas sobre la integridad de las urnas electrónicas durante la elección de 2020, un elemento central de la estrategia de deslegitimación de Lula.
El intento de golpe de Estado y magnicidio
El complot en cuestión, que también incluyó un plan para el asesinato de Lula da Silva, estaba destinado a ejecutarse antes de su asunción al poder el 1 de enero de 2023. Sin embargo, tras la toma de posesión de Lula, el 8 de enero de 2023, se produjeron masivas manifestaciones en Brasil que derivaron en ataques a los edificios de los tres poderes del país, un evento que fue calificado como un intento de golpe de Estado.
En el caso de Cerimedo, se le vincula directamente con la difusión de noticias falsas sobre las urnas electrónicas a través de transmisiones en vivo. Según el informe, el empresario argentino fue responsable de diseminar información falsa que afirmaba que las urnas fabricadas antes de 2020 favorecían al Partido de los Trabajadores (PT) y a su candidato, Lula, en las elecciones de 2022.
La participación de Cerimedo en el complot golpista
La investigación de la Policía Federal también apunta a la participación activa de Cerimedo en el llamado «grupo paralelo» de desinformación, conocido como la «Oficina de Odio», que operaba durante la administración de Bolsonaro. Esta red, que involucraba a miembros cercanos al presidente saliente, tenía como objetivo la propagación de desinformación para socavar el proceso electoral y las instituciones democráticas de Brasil.
El informe revela que Cerimedo fue mencionado 66 veces en la investigación y se le acusa de ser uno de los principales difusores de noticias falsas en un Google Drive compartido con Tercio Arnaud Tomaz, un asesor cercano de Bolsonaro. A este grupo también se lo vincula con Mauro Cid, quien se encuentra entre los arrepentidos en el caso.
En su defensa, Cerimedo negó las acusaciones, asegurando a la agencia EFE: “No conozco a ninguno de los involucrados y ni ellos a mí. Imposible que alguno pueda decir lo contrario. Jamás he hablado o me he visto con ellos, ni cruzado un mensaje”. Además, desmintió su relación con Mauro Cid, quien, según Cerimedo, «jamás me conoció».
Acusaciones contra Bolsonaro y figuras clave
El informe de la Policía Federal también reveló detalles sobre el plan para el asesinato de Lula, conocido como la “Operación Puñal Verde y Amarillo”, que fue impulsado por los propios golpistas y cuyo nombre hace alusión a los colores de la bandera de Brasil. Entre los 37 acusados en el caso figuran varios altos oficiales militares y personas del entorno cercano a Bolsonaro, incluidos Walter Braga Netto, exjefe de Gabinete de la Presidencia y candidato a vicepresidente en las elecciones de 2022, y Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina. También están los generales retirados Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes formaron parte del gabinete de Bolsonaro.
El expresidente Bolsonaro, quien ha negado las acusaciones y se ha declarado víctima de una “persecución política”, podría enfrentar serias consecuencias por su presunta implicación en el complot. Los imputados, incluido Bolsonaro, podrían recibir penas de hasta 30 años de prisión.
Con la desclasificación de este informe, la investigación por el intento de golpe de Estado contra Lula sigue ganando atención internacional, mientras se espera que el caso continúe desarrollándose en los próximos meses, con implicaciones políticas que podrían afectar a la estabilidad del sistema democrático brasileño.