El exjuez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, se refirió este jueves a la reciente designación por decreto del presidente Javier Milei de dos nuevos jueces para el máximo tribunal, destacando que esta medida es un «gran desafío al Congreso» y una «provocación». Maqueda, quien dejó su cargo tras 22 años de servicio en la Corte, subrayó que jamás se había dado una situación como esta durante su tiempo en el tribunal, y advirtió que la Corte no está obligada a tomarles juramento a los nuevos magistrados designados.
En una entrevista con Urbana Play, Maqueda expresó que, aunque no podía predecir con certeza lo que sucederá, lo cierto es que «la Corte no está obligada» a aceptar a los nuevos jueces, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El exjuez criticó especialmente la decisión del presidente de nombrarlos en comisión, algo que calificó como una «provocación» al Congreso, y afirmó que esta decisión «burla totalmente el espíritu de la Constitución».
El procedimiento para nombrar jueces en la Corte Suprema está claramente establecido en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, que establece que el presidente debe proponer a los candidatos y que el Senado debe otorgar su acuerdo. Sin embargo, el Gobierno sorteó este proceso al designar a Lijo y García-Mansilla por decreto, amparándose en el inciso 19 de dicho artículo, que permite a un presidente nombrar jueces durante el receso legislativo.
Maqueda criticó la interpretación del Gobierno, calificando la medida de «una cosa traída de los pelos» y afirmando que no existe base constitucional para la designación sin tratar los pliegos en el Senado. «Es una decisión política que va a traer muchos costos», señaló, indicando que la situación podría generar un grave precedente.
El exjuez recordó que a partir del 1 de marzo, con el inicio de las sesiones ordinarias, el Senado podría convocar para tratar los pliegos de Lijo y García-Mansilla, ya sea para aprobarlos o rechazarlos. En caso de rechazo, indicó que existen antecedentes jurisprudenciales que sugieren que un juez no puede continuar en su cargo si su pliego es rechazado.
A este panorama se suma la licencia solicitada por Lijo, quien, para poder asumir en la Corte, pidió una licencia extraordinaria de su cargo como juez federal. Sin embargo, Maqueda advirtió que el historial de la Corte en estos casos no favorece a Lijo, y recordó que en 1975 la Corte determinó que los jueces designados en comisión no tienen derecho a retener su cargo anterior.
La situación de Lijo podría seguir un camino similar al del camarista federal José Bidau, quien fue designado en 1962, pero al no recibir el acuerdo del Senado, no solo perdió su cargo en la Corte, sino también su puesto como camarista.
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