La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este viernes una sentencia emitida en Entre Ríos sobre el asesinato de Micaela García, ocurrido hace siete años, debido a defectos en la aplicación de la perspectiva de género en el abordaje del caso. El fallo también ordenó la realización de un nuevo juicio para uno de los acusados, Néstor Roberto Pavón, quien había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento del crimen, pero que ahora deberá enfrentar nuevas acusaciones de coautoría del asesinato.
Micaela García, de 21 años, fue asesinada el 1 de abril de 2017 en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. La joven desapareció tras salir de un boliche, y días después su cuerpo fue hallado en un descampado con señales evidentes de violencia física y sexual. El crimen generó una profunda conmoción en la sociedad argentina.
En 2017, Sebastián Wagner, con antecedentes por delitos sexuales, fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Micaela. En cambio, Néstor Pavón, quien estuvo involucrado en encubrir el crimen, recibió una condena de cinco años. Sin embargo, tanto la familia de Micaela como la fiscalía apelaron la sentencia, acusando a Pavón de ser coautor del asesinato.
La Cámara de Casación Penal de Paraná ratificó la condena perpetua para Wagner, pero anuló la sentencia de Pavón y ordenó un nuevo juicio. La defensa de Pavón apeló esta decisión, y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos determinó que los recursos apelatorios de las partes acusadoras habían sido mal admitidos, anulando la orden de rejuicio.
Finalmente, tras una nueva apelación de la fiscalía y la familia de Micaela, la Corte Suprema anuló el fallo del tribunal provincial, y ordenó que se lleve a cabo un nuevo juicio.
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Este caso tiene una repercusión aún mayor debido a que el asesinato de Micaela García fue uno de los detonantes del debate sobre las políticas de género en Argentina. En respuesta, se promulgó en 2018 la Ley Micaela, una legislación que establece la capacitación obligatoria en género para todos los poderes del Estado. Esta ley tiene como objetivo transmitir herramientas para deconstruir prejuicios y transformaciones en las políticas públicas, cuestionando la desigualdad y discriminación estructural.
A lo largo de los años, la Ley Micaela ha sido supervisada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en 2019, con el fin de garantizar su cumplimiento. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei disolvió este ministerio al asumir en 2023, aunque las políticas de género siguen siendo una prioridad en el debate público.
Este revés judicial no solo vuelve a poner el foco en la violencia de género en el país, sino que reafirma la importancia de aplicar la perspectiva de género en todos los ámbitos judiciales, para garantizar que las víctimas de asesinato reciban justicia de acuerdo con los estándares establecidos en la ley.
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