La justicia dejó de ser un servicio para el pueblo cuando pasó de buscar la verdad a legalizar lo absurdo. Hoy ya no se juzga ni se condena a quienes dañan de manera consciente y deliberada, sino que se administra un sistema donde las leyes funcionan como refugio de tecnicismos, no como herramientas de equidad.
En la práctica, el acceso a la justicia se volvió nulo o casi inexistente para quienes reclaman desde la buena fe. El sentido común, el criterio y la honestidad quedaron relegados frente a expedientes interminables, interpretaciones forzadas y laberintos legales que solo benefician a quienes saben mentir mejor, engañar con mayor prolijidad o, directamente, pagar más.
Las cárceles están llenas de pobres tipos, ladrones de gallinas, perejiles funcionales a un sistema que necesita mostrar castigo para simular justicia. Y aunque nadie discute que un delito debe tener consecuencias, la pregunta incómoda sigue siendo la misma: ¿dónde están los poderosos? ¿Dónde están los influyentes, los políticos y empresarios con capacidad real de destrucción social, económica y humana? No hablamos de malas decisiones o errores de gestión, sino de acciones a drede: estafas, robos, coimas, negociados y saqueos sistemáticos que rara vez llegan a juicio y casi nunca terminan en condena.
Hoy resulta más fácil conseguir un riñón o un corazón que encontrar responsables de actos claramente ajusticiables. Y no, no es un cuestionamiento al sistema de donación de órganos, que ojalá pudiera mejorar aún más. Es una comparación brutal que expone otra realidad: hay listas de espera para seguir viviendo, mientras que en materia de justicia hay una lista interminable de víctimas esperando algo que nunca llega. Y ni siquiera se trata de una cuestión cuantitativa, sino moral y social.
El reclamo de justicia es enorme, transversal y constante. La respuesta, en cambio, es la ausencia. Un silencio institucional que duele tanto como la impunidad misma. A esto se suma la persecución selectiva: pobres tipos convertidos en chivos expiatorios, mientras el poder judicial convive cómodamente con el poder político y económico. Una convivencia que desde Nexus conocemos, investigamos y visibilizamos, porque no es una percepción aislada, sino una práctica reiterada.
Cuando la justicia deja de servir al pueblo y empieza a servir al poder, deja de ser justicia. Se transforma en un mecanismo de validación del abuso, en una coartada legal para sostener desigualdades y blindar a los verdaderos responsables. Y en ese punto, el problema ya no es solo judicial: es profundamente democrático.
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